Panamá sigue sin implementar el registro de beneficiarios finales para evitar actos ilícitos
Con el objetivo de transparentar el uso de bienes del Estado y contrarrestar la corrupción surgen nuevos instrumentos a favor de la ciudadanía y darle seguimiento a este tipo de acciones.
Olga De Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, dijo que están llevando a cabo una campaña en medios digitales en el país con el tema del registro de beneficiarios últimos.
Esto sería los verdaderos dueños de las personas jurídicas, que son las que se utilizan sobre todo en Panamá, para realizar negocios que van desde lo lícito hasta lo ilícito, según explicó De Obaldía.
“La idea de tener un registro de beneficiarios finales, de quiénes son los verdaderos dueños y accionistas de las sociedades, lo que busca es transparentar quién se beneficia de esos posibles actos ilícitos escondiéndose detrás de las sociedades fantasma”, sostuvo.
Agregó que Panamá pasó una ley en marzo de 2020 para crear el registro de beneficiarios finales para tratar de cumplir las observaciones y advertencias de organismos internacionales.
“Un año después el registro no se ha implementado”, indicó De Obaldía.
De acuerdo con De Obaldía, es un tema complicado, pero les interesa para la lucha anticorrupción en casos en que se usan personas jurídicas para sobornos y también para las contrataciones públicas.
Recordó que grandes casos como Odebrecht, Blue Apple y New Business son ejemplos específicos.
La campaña de este organismo tiene un lema denominado “Que no se puedan esconder”, porque el objetivo del registro es que las autoridades puedan antes y durante la investigación saber quiénes están detrás de esas acciones posiblemente ilícitas.
