Panamá condena acción de Venezuela de revocar permiso a Brasil para representar a Argentina en su embajada

El gobierno de Panamá a través de la Cancillería de la República emitió un comunicado condenando de manera enérgica la decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro de revocar el permiso otorgado al gobierno de Brasil para representar a la embajada de Argentina en Caracas, donde permanecen refugiados seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado que denunciaron en la víspera el asedio a la sede diplomática.

Esta medida no solo constituye una clara violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino que también refleja un desprecio continuo por las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la protección de los asilados.

"Panamá expresa su profunda preocupación por el asedio a la embajada argentina y los constantes abusos a los derechos humanos que ocurren en Venezuela, donde las autoridades han reprimido sistemáticamente a opositores y ciudadanos, en violación de los principios fundamentales del derecho internacional", señala el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado publicado en redes sociales.

El gobierno de José Raúl Mulino, aliado de la líder opositora María Corina Mahcado y de Edmundo Vargas Urrutia, afirma que es imperativo que el gobierno venezolano respete sus obligaciones bajo la Convención de Viena y ponga fin a estas acciones que comprometen la estabilidad y la paz en la región.

"Como nación comprometida con la paz, la democracia y el respeto de los derechos humanos, Panamá reitera su apoyo a los esfuerzos internacionales por encontrar una solución pacífica e inclusiva a la crisis venezolana, y hace un llamado a que se restablezca el respeto por los derechos fundamentales y las libertades en Venezuela".

Panamá rechaza de manera enérgica cualquier intento del régimen venezolano de violar la inmunidad diplomática a sede argentina en Caracas bajo custodia del gobierno de Brasil en gesto que lo distingue. El derecho internacional público y su respeto absoluto es la única herramienta…

— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) September 7, 2024

El 1 de agosto Brasil había asumido la custodia de la representación argentina luego de que Caracas rompiera relaciones con Buenos Aires. Unos días antes, el 29 de julio, la cancillería venezolana había notificado a los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay que debían retirar a sus representaciones diplomáticas por sus posturas sobre las elecciones del domingo 28, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude.

Los opositores refugiados en esta embajada han denunciado en reiteradas ocasiones el asedio de agentes "encapuchados" en vehículos de las fuerzas de seguridad estatales a la sede diplomática.

"Estamos con la electricidad cortada y con los accesos a la sede tomados", escribió en la red social X Magalli Meda, jefa de campaña de María Corina Machado, refugiada desde el 20 de marzo pasado junto a otros cinco compañeros.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), crítico al gobierno venezolano, señaló en X que "estas amenazas y acciones son completamente contrarias a Derecho y no son aceptables de ninguna forma por la comunidad internacional".

La proclamación de Maduro como ganador por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ambos señalados de servir al oficialismo.

La oposición, en tanto, reivindica el triunfo del diplomático Edmundo González Urrutia, de 75 años, sustituto de Machado en las presidenciales por una inhabilitación impuesta por la Contraloría, también de línea oficialista, que le impidió postularse. Ambos llevan más de un mes en la clandestinidad.

Los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio han sido cuestionados por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, que han pedido la verificación de los votos. El CNE hasta ahora no ha divulgado los escrutinios detallados, como indica la ley, tras argumentar un jaqueo. El anuncio de los resultados provocó protestas en todo el país con saldo de 27 muertes, 192 heridos y 2.400 detenidos.