Panamá, al borde de restricciones a la libertad de prensa, según el Índice Chapultepec 2024

Periodismo

Panamá ha descendido dos posiciones y ha registrado una disminución de 3,51 puntos porcentuales en comparación con el periodo anterior.

Imagen con fines ilustrativos de periodistas.
Imagen con fines ilustrativos de periodistas. / Pixabay

Ciudad de Panamá, Panamá/Un informe titulado "Índice de Chapultepec", elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y correspondiente a 2024, revela que Panamá está al borde de integrar el grupo de países con restricciones para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa.

El documento destaca que Panamá ha descendido dos posiciones y ha registrado una disminución de 3,51 puntos porcentuales en comparación con el periodo anterior. La SIP calificó esta situación como preocupante, basándose en las opiniones de las personas consultadas para el informe.

Entre los principales problemas señalados, el informe destaca el acoso judicial hacia medios y periodistas, así como la falta de transparencia por parte de las instituciones del Estado, que muestran resistencia a cumplir con las leyes de acceso a la información pública. También se subraya la creciente hostilidad hacia los medios y sus profesionales.

Dos eventos clave marcaron el periodo de análisis: las protestas sociales de finales de 2023, donde se manifestaron actitudes hostiles hacia los periodistas, y los comicios generales de mayo de 2024.

A pesar de estas circunstancias, el informe señala que, aunque debilitadas, las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa prevalecieron durante el periodo analizado.

Puede ver el informe completo aquí: Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2024

Influencias en la libertad de prensa

El informe revela que el Poder Ejecutivo tiene una influencia moderada sobre las restricciones a la libertad de expresión, alcanzando un puntaje de 2,81. La mayor influencia del Ejecutivo se refleja en la dimensión "Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse", con 3,63 puntos. Otras dimensiones, como "Violencia e Impunidad contra Periodistas y Medios" y "Control de Medios y Periodismo", muestran una influencia más leve, con puntajes de 2,50 y 2,29, respectivamente.

El poder legislativo también ejerce una influencia moderada, con 2,79 puntos. Al igual que el Ejecutivo, la mayor influencia se registra en la dimensión "Ciudadanía informada y libre de expresarse", con 3,29 puntos.

El Poder Judicial, por su parte, tiene una influencia leve con un total de 1,79 puntos, aunque algunas de sus decisiones, basadas en la aplicación del Código Penal, afectan las libertades de prensa y expresión.

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Dimensiones evaluadas

En cuanto a las dimensiones evaluadas, la de "Ciudadanía informada y libre de expresarse"" obtuvo 15,15 puntos de un máximo de 30. Las subdimensiones más afectadas incluyen el flujo de información, con 6,13 puntos, y el impacto del Estado sobre la desinformación, con 5,63 puntos.

La dimensión denominada "violencia e impunidad contra periodistas y medios" recibió 10,99 puntos de un máximo de 40. La impunidad es el aspecto más preocupante, con 8 puntos, seguida de la persecución (3,07) y la protección (0,38).

Por último, la dimensión "Control de Medios y Periodismo" alcanzó 24,63 puntos de 30. El mayor problema se registra en el control directo de los medios, con 12,38 puntos, seguido por el control del ejercicio del periodismo (6,25 puntos) y el control indirecto (6 puntos).

Expectativas para el nuevo Gobierno

El informe concluye con una reflexión sobre las expectativas que genera el nuevo quinquenio gubernamental. Se espera que temas críticos, como la reforma del sistema de seguridad social, se aborden en un clima de transparencia que permita a la ciudadanía estar debidamente informada.

Además, se destaca la importancia de la nueva Asamblea Nacional, donde una inédita bancada de 20 diputados independientes podría jugar un papel clave en la promoción de reformas para frenar el acoso judicial, regular la distribución equitativa de la publicidad estatal y mejorar la transparencia en la gestión del presupuesto público.

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