Panamá: bancos se capacitan para formalizar almacenamiento tecnológico de documentos

Más de 200 miembros de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), participaron de la primera capacitación, presencial y virtual, en seguimiento a la implementación de la Ley 51 del 22 de julio de 2008, que regula las firmas electrónicas y la prestación de servicios de almacenamiento tecnológico de documentos.

La capacitación estuvo a cargo de la Dirección General de Comercio Electrónico del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en colaboración con la Dirección Nacional de Firmas Electrónico (DNFE) del Registro Público de Panamá (RP).

Según un comunicado del MICI, desde septiembre de 2022, la entidad mantiene habilitada la plataforma electrónica Sardgce (Sistema de Administración de Registro de la DGCE) para atender las solicitudes y trámites del registro de auditores, almacenadores y prestadores de servicios de almacenamiento tecnológico de documentos interesados, la cual cuenta con más de una veintena de inscritos.

“Esto es un paso más que da el gobierno nacional, a través del MICI, ante la nueva era digital”, manifestó Luis Ayala, director general de Comercio Electrónico del MICI, quien acotó que esta es la primera capacitación dirigida al sector bancario y la siguiente será orientada a los miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

La importancia del almacenamiento tecnológico de documentos y las firmas electrónicas, la fuerza probatoria de los documentos, la aplicación y sus beneficios, entre otros temas relativos fueron presentados por Santiago Robleto, director general de Firma Electrónica del RP y Erasmo Cedeño, jefe del Departamento de Almacenamiento Tecnológico del MICI.

El MICI tiene previsto poner en marcha la plataforma para el registro de los prestadores comerciales que emplean plataformas digitales para ofrecer sus productos y servicios en internet. Esté registro es gratuito para todos los interesados.

La DGCE seguirá impulsando el uso de la tecnología, pero sobre todo el cumplimiento de la obligación que les permita a los interesados conservar documentos, información y/o registros electrónicos en medios confiables, con medidas de seguridad fiables para su protección, dejando atrás el uso del papel con la integridad requerida, y así mantener el mismo valor legal que el original, según lo establece la Ley y su reglamentación, sin menospreciar la fuente de donde proviene.