'La paciencia ciudadana llegó a su fin', Cámara de Comercio exige al gobierno garantizar el libre tránsito

Garantizar que se cumpla con lo que establece la Constitución respecto a las garantías fundamentales de los ciudadanos, y que se tome las acciones inmediatas para restablecer el libre tránsito, fue la solicitud que reiteró la CCIAP al presidente de la República, Laurentino Cortizo.

En un nuevo escrito, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), señaló que cuando diversos representantes de la sociedad, le piden al mandatario que tome acciones para garantizar el libre tránsito no se le "está pidiendo un favor" sino se le está exigiendo que el Gobierno Nacional cumpla con la responsabilidad que establece la carta magna del país.

Explicó que, en el artículo 17, correspondiente al Capítulo de Garantías Fundamentales, la Constitución indica que “Las Autoridades están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”.

Recalcaron que, también se establece con claridad la responsabilidad de las autoridades por 'omisión' en el cumplimiento de los deberes estipulados de la Constitución.

"Difícilmente se puede ser más claro", subrayó.

En lo referente a la educación, la Cámara de Comercio catalogó como 'inadmisible' que el Gobierno Nacional "se siente a ver cómo 40 mil muchachos y muchachas pierden el año escolar".

¿Es necesario que más panameños se queden sin trabajo, que más empresas quiebren y otros miles de emprendedores vean sus sueños arruinados por la falta de Autoridad que restablezca el orden público? ¿Ese será su legado?", cuestionó la CCIAP.

"Necesitamos es que el Presidente de la República cumpla con lo que se comprometió al jurar su cargo y gire instrucciones a su Ministro de Seguridad y a su Ministro de Gobierno, ¡hacer respetar la Constitución! ¡La Población no pide un favor, exige el cumplimiento de una responsabilidad!", solicitó.

Agregaron que, frente a un pronto fallo de la Corte Suprema de Justicia, se hace necesario un ambiente donde los diferentes actores de la sociedad puedan conversar y discernir sobre el futuro del proyecto minero.

"No hay tiempo que perder. La paciencia ciudadana llegó a su fin: abrir las calles no es un favor, ¡es su responsabilidad constitucional y como tal debe ejercerla o de lo contrario, enfrentar las consecuencias por su omisión legal, pero peor aún, conformarse con dejar un legado oscuro en la historia nacional", recalcó.