Organismos presentan demanda de inconstitucionalidad por ley de la Contraloría y jurisdicción de cuentas

Ciudad de Panamá, Panamá/Las organizaciones que forman parte de la Coalición Anticorrupción, entre ellas, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 9, 14, 22, 31, 32, y 46 de la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022 (Gaceta Oficial 29687-C del 22.12.2022), que modifica la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley 32 de 1984, y la Jurisdicción de Cuentas, Ley 67 de 2008.

En un comunicado, la coalición informó el resumen de las normas contenidas en la Ley 351 de 2022 consideradas contrarias a la Constitución Política, porque otorgan facultades arbitrarias sobre el mecanismo de rendición de cuentas, pudiendo ser usadas para permitir la impunidad de funcionarios, debilitando gravemente nuestro Estado de Derecho:

1. El artículo 1 de Ley 351 de 2022 señala que la Contraloría actuará “…sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona”, lo que impide que tanto la Jurisdicción de Cuentas, como el Ministerio Público puedan solicitar a la Contraloría las investigaciones correspondientes, según establecen los artículos 281 y 220 de la Constitución Política, obstaculizando los procesos de investigación de malversación de fondos y otorgando así facultades plenipotenciarias a la Contraloría.
2. El artículo 2 excluye de la acción fiscalizadora de la Contraloría a las organizaciones sindicales, cooperativas, etc., a pesar de que la Constitución obliga a la Contraloría a fiscalizar el uso de todos los bienes del Estado sin excepción (artículo 280 de la Constitución).
3. El artículo 14 añade a los principios que guían la actuación de la Contraloría en sus labores de fiscalización los de la “sana crítica” y “buena fe”, dos principios que no se encuentran estipulados en el artículo 280 de la Constitución que señala las funciones de la Contraloría, que debe actuar con criterio de estricto apego a la ley y no sobre bases de análisis que solo son otorgadas a los jueces.
4. El mismo artículo 14 y el artículo 46 exceptúan del carácter de “empleado de manejo” a los funcionarios de la Contraloría que realicen control previo y posterior - aunque reciban, recauden, manejen, controlen, fiscalicen, auditen, etc. fondos o bienes públicos, creando fueros y privilegios en favor de los funcionarios de la Contraloría. Con ello se les coloca por encima de la ley, y se les excluye de ser investigados por la Jurisdicción de Cuentas y ser responsables penalmente en caso de lesiones patrimoniales. Con esta modificación se violan los artículos 19 y 20 de la Constitución sobre fueros y privilegios.
5. El artículo 22 prohíbe los despidos de los auditores internos de las instituciones que hayan sido certificados y capacitados por la Contraloría, lo que implica in intervención directa en el manejo de todas las instituciones del Estado. Con ello, se viola el numeral 11 del artículo 280 de la Constitución.
6. El artículo 31 permite que los informes de auditoría e investigaciones sean aprobados o cerrados y archivados por el Contralor General “según a su criterio corresponda”, lo que viola el artículo 280 de la Constitución que obliga a la Contraloría a fiscalizar todos los bienes públicos y todos los actos de manejos, llevar a cabo las investigaciones de oficio o por denuncia. No existe sustento constitucional para otorgar semejante poder discrecional al Contralor.
7. Los artículos 18, 32 y 27 contienen fórmulas que igualan las funciones y jerarquía del Subcontralor a las del Contralor General, una clara violación al artículo 279 de la Constitución que no otorga igual tratamiento funcional ni iguales responsabilidades a estos funcionarios.

“Hacemos de conocimiento público nuestra completa adhesión a esta acción judicial, cuya finalidad es impedir el declive de la importante función de control que debe ejercer la Contraloría General en un Estado de Derecho. En consecuencia, solicitamos a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dar el trámite correspondiente de la manera más expedita al proceso constitucional, a fin de evitar mayores lesiones al patrimonio de la Nación”, recalca el comunicado firmado por varios organismos.