Ordenan detención provisional a tercer implicado en red de explotación infantil

Panamá Oeste/La Fiscalía Regional de Panamá Oeste, a través de su Sección de Delitos contra la Libertad y la Integridad Sexual, logró la detención provisional, legalización de aprehensión e imputación de cargos para un individuo de 59 años de edad. Este hombre enfrenta acusaciones por el delito de posesión de material pornográfico infantil.

La aprehensión del ciudadano se enmarca en el desarrollo de la operación internacional denominada “Aliados por la Infancia” realizada hace una semana.

El fiscal Julio Alonso, encargado del caso, presentó de manera contundente los elementos probatorios vinculantes a la investigación que adelanta la Fiscalía.

Como resultado de esta presentación, la jueza de garantías dictó la medida cautelar de detención provisional para el imputado.

Sin embargo, se establece la posibilidad de modificar esta medida, una vez que el acusado consigne una fianza de 40 mil dólares. Es importante destacar que las modificaciones podrían incluir impedimento de salida del país, retención domiciliaria con cambio de domicilio, el uso de un brazalete electrónico y la prohibición de acceso a internet.

La decisión de la jueza de garantías ha sido objeto de apelación por parte del fiscal Alonso, y se espera que en las próximas horas se fije la fecha de la audiencia correspondiente para abordar esta apelación.

La detención de este individuo se llevó a cabo en virtud de una orden de aprehensión emitida por la Sección de Atención Primaria de La Chorrera.

El hombre fue ubicado el pasado 4 de septiembre del 2023, momentos después de abandonar la Clínica Hospital Panamericano, donde se encontraba internado.

Aliados por la Infancia, fue un operativo realizado de manera simultánea en 8 países con el objetivo de identificar y ubicar a personas relacionadas con la utilización de páginas web que contienen imágenes pornográficas de menores de edad, conocidas como plataformas de intercambio "Peer to Peer".

El operativo fue coordinado por el Ministerio Público de Argentina en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Los países que participaron fueron Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Argentina.