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Ciudad de Panamá, Panamá/Al menos 17 solicitudes presentadas por el Ministerio Público para la legalización de incautaciones de bienes realizadas durante la operación “Jericó” fueron atendidas por el juez de garantías, Mike Zúñiga Rodríguez.
Esto tuvo lugar en una audiencia celebrada el 10 de septiembre en la Oficina Judicial de Plaza Ágora, según informó el Órgano Judicial.
De acuerdo con la entidad, tras escuchar las intervenciones del fiscal superior especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Joseph Allan Díaz Calderón, y de los abogados de los propietarios de los bienes incautados, el juez Zúñiga declaró legales las resoluciones emitidas el 14 y 15 de agosto pasado, a través de las cuales el Ministerio Público ordenó la incautación de siete vehículos, cinco cuentas bancarias, un inmueble y cuatro decomisos de dinero en efectivo.
Asimismo, se informó que el juez también atendió las solicitudes relacionadas con dos vehículos adquiridos mediante leasing, para los cuales se nombraron depositarios judiciales.
En el caso de un modelo Toyota Prado 2022, se rechazó la solicitud de que fuera entregado a un familiar de uno de los implicados en la operación, y en su lugar se asignó a una empresa financiera de leasing. Una situación similar ocurrió con un Kia Sportage 2016, que fue entregado a una compañía fiduciaria.
El juez dejó claro que estos bienes no pueden ser enajenados, vendidos ni alquilados mientras esté vigente la medida de incautación. Los depositarios judiciales designados deberán presentar un informe mensual al Ministerio Público sobre el estado de los bienes.
Los abogados de la defensa Holanda Polo, Javier Franco, Adrián Calderón y Elkis Martínez anunciaron su apelación a la decisión del juez, la cual fue admitida. La audiencia para revisar esta apelación se fijó para el próximo 30 de septiembre, en la sala 5, a las 8:30 a.m., y será evaluada por el Tribunal Superior de Apelaciones en Plaza Fortuna.
La audiencia fue seguida de manera virtual por siete de los imputados en la operación, cinco de ellos hombres desde diferentes centros penitenciarios y dos mujeres desde sus domicilios, donde cumplen arresto domiciliario.