Caso Cerrado
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Ciudad de Panamá, Panamá/La coordinación para resguardar cargamentos de drogas en fincas, talleres y residencias fue parte de lo señalado por la Fiscalía de Drogas durante el segundo día de la audiencia de apelación de medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Apelaciones, donde 17 imputados han solicitado a través de sus defensas legales un cambio de medida cautelar diferente a la detención provisional por la operación Jericó.
Aunque ya se ha informado sobre el modus operandi del supuesto grupo criminal para el trasiego de sustancias ilícitas desde Colombia y que principalmente serían trasladadas vía terrestre hasta la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, el fiscal Joseph Díaz reveló parte de las escuchas telefónicas donde se detalla cómo los hoy investigados supuestamente mantenían algunos puntos para custodiar o almacenar los paquetes de droga.
Cuando el fiscal Díaz argumentaba ante el Tribunal que se mantenga la detención provisional para Franklin Martínez, del cual dijo que su vinculación al proceso está comprometida y mantiene participación directa con las presuntas actividades. El representante del Ministerio Público destacó que en una comunicación directa entre Franklin y Francisco Serrano, [señalado por la fiscalía como uno de los líderes del grupo], hablaban de la coordinación para pagar a un señor por el alquiler de una finca para almacenar un cargamento de droga.
Este sitio estaba entre la ruta de Darién y la comunidad de Tortí en Chepo, uno de los centros de acopios claves de la organización.
Otra de las formas para no ser detectadas y que no levantaran sospecha donde escondían las sustancias ilícitas era en residencias. El fiscal Díaz manifestó que uno de los miembros, conocido con el alias de MK (detenido), realizó una serie de llamadas a diferentes vendedores de sustancias ilícitas en San Miguelito, para la supuesta compra de 153 paquetes, que guardarían en una de las urbanizaciones de Brisas del Golf.
Otro de los centros de acopios era en un taller de autos en San Miguelito, donde la Fiscalía lo reseña en la investigación como un lugar para almacenar drogas y donde eran llevados los presuntos vehículos con doble fondo para trasladar la droga hacia la provincia de Chiriquí.
Las magistradas del Tribunal de Apelaciones también consultaron a los imputados si querían hablar o no según el artículo 25 de la Constitución, y 10 de los 21 investigados que participan de esta audiencia decidieron dirigirse al Tribunal.
Franklin Martínez y Bladimir Newal expresaron a las magistradas que se tome en cuenta el cambio de una cautelar distinta a la detención, ya que mantienen situaciones médicas. En el caso de Martínez, dolor constante por una prótesis en una de sus piernas y Newal que es paciente hipertenso y que desde que entró al centro penitenciario se mantiene bajo tratamiento.
José Makenzi, dijo que se le considere el cambio de medida de detención provisional porque quiere seguir estudios universitarios además, seguir un tratamiento gástrico. También se comprometió a no comunicarse con las otras personas que estén siendo investigadas en este caso.
Por su parte, Edwin Martínez y Alejandro Rodríguez señalaron que son el sustento de sus familias.
Las dos unidades del Servicio Nacional de Fronteras que se encuentran con detención y que según la Fiscalía colaboraban con el supuesto grupo delictivo dijeron al Tribunal que estar con la medida de detención es bastante preocupante para ellos puesto que participaron como agentes encubiertos en casos de delitos relacionados con drogas y sus vidas corren peligro y las de sus familiares.
En tanto, Ismael Martínez, Kerime Zúñiga, Militza Rodríguezy Naryet Jaén Chérigo, a los que la Fiscalía pide cambio de medida de detención provisional, solicitaron a las magistradas que mantengan sus medidas distintas a la detención.
La audiencia se extendió hasta las 9:00 de la noche del martes 3 de septiembre, y se reanudará el próximo viernes 6 de septiembre a las 3:00 de la tarde donde el Tribunal conformado por las magistradas Greta Marchosky, Yiles Pitti y Yanelka Quijano darán a conocer su decisión a las partes sobre el cambio o la confirmación de las medidas cautelares impuestas por el juez de garantías el pasado 21 de agosto.