Pasión de Gavilanes
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Ciudad de Panamá, Panamá/Esta semana ha acaparado la atención la denominada operación Jericó, investigación que inició el 30 de junio de 2023, luego de establecer la existencia de un grupo criminal con vínculos entre grupos mexicanos y colombianos que se estaban dedicando al tráfico internacional de droga desde el área de Darién vía terrestre, a través de mochileros con sustancias ilícitas trasladadas al distrito de San Miguelito, camufladas en vehículos con doble fondo para ser sacadas en autos a Costa Rica.
Más de 20 personas vinculadas a este caso, entre ellos Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, han sido detenidos provisionalmente.
Julio Alonso, miembro de la Asociación de Profesionales de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses, dijo que lo importante del narcotráfico en Panamá siempre está mutando y en el caso Jericó es evidente cómo se ha permeado el lavado de dinero, las estructuras panameñas de comprar en Colombia, tener una ruta difícil y llevarla al norte, lo que indica que es una estructura propia y no un subcontrato como antes se tenía en Panamá, lo que también permea a la droga que se queda en el país, no solo tráfico internacional.
“Eso es preocupante porque nos estamos deshumanizando, acostumbrando a encontrar cierta cantidad de drogas que es peligrosa para la sociedad”, recalcó.
Reiteró que desde la asociación han visto que la situación debe tener control del Gobierno y la sociedad que debe blindarse, además del sector comercial.
Para Alonso, definitivamente hay estructuras propias y organizadas en Panamá que han aprendido de otros grupos criminales y compran droga sin depender de estructuras internacionales.
En este caso, miembros de estamentos de seguridad también resultaron detenidos, por lo que el experto felicitó a la Policía Nacional porque las herramientas especiales de investigación han dado frutos positivos, pero deben apuntar por profesional y tener medidas de contrapeso, porque siempre va a haber personas dentro de las entidades que faciliten el pase de la droga.
Agregó que es un caso fuerte y se debe medir el impacto, sin que se den presiones políticas para vigilar con sana crítica las evidencias y motivos de convicción que hay en el expediente.
Alonso dijo que no solo se da la situación en los estamentos de seguridad, sino que también se debe sanear en otras instituciones donde hay cargos de poder.
Sobre la figura de la narcopolítica, dijo que no se trata de un político con quilos de droga bajo el brazo, sino que el crimen organizado permea y trata de penetrar estructuras serias y legales para facilitar y blindar sus actividades con favores, puede ser en una elección o candidaturas proponiendo y dando dinero sin presión, pero después vienen las situaciones de pedir favores y la exposición de que los van a denunciar.
“En otros países hemos visto gente, políticos que han muerto y en este país también hemos tenido cuestiones de fallecidos y hay un tufillo de que estos políticos se relacionan con actividades criminales, pandillerismo y narcotráfico, pero siempre la prueba idónea y la complicidad de que las investigaciones no llegan al final”, explicó.
Dijo que no solo se le puede echar la culpa al narcotráfico, sino también al debido proceso, porque si no se detiene bien y se tiene la certeza de que la persona será conducida a una condena, entonces saldrá libre.
Para Alonso, el narcotráfico busca el control del poder económico y cuando se ataca, entonces surge la pregunta de ¿Qué pasó con el proyecto de extinción de dominio?