La opción que Cortizo debe dar a FCC es 'se largan o los procesamos', afirma exdiputado

El exdiputado José Antonio Domínguez, lamentó que las irregularidades que denunció hace años atrás, sobre las acciones de la empresa española FCC en el país, fueran ciertas y que todos los desmanes que se cometieron estén siendo revelados por una justicia extranjera y no panameña.

Dice que no culpa del todo a los actuales magistrados y fiscales porque muchos han cambiado, pero es cuestionable, la función de los anteriores porque no se mostró ninguna intención por resolver el problema y de conocer la verdad.

Sobre la posibilidad de negociar con la empresa FCC que ha manifestado el presidente Laurentino Cortizo Cohen, Domínguez considera que sería una falta de respeto con los panameños, más cuando la constructora ha reconocido que son culpables de sobornos y el contrato de la Ciudad Hospitalaria [ahora Ciudad de la Salud] se dio “en mala línea y de forma fraudulenta”.

Cree que el presidente Cortizo tiene una única salida y es decirle que “se largan o los procesamos” y si los procesan, hay que quitarles hasta el último centavo, incluso lo que dieron en coimas y que sean ellos quienes busquen a quienes se los entregaron.

Lo que está ocurriendo, afirma el exparlamentario, deja mucho que decir del sistema judicial panameño y le duele porque la población quiere un país tranquilo y progresar siendo bueno, sin necesidad de ser amiguito de la gente que esté en poder.

Por otra parte, sostiene que, aunque en la Asamblea Nacional (AN), se aprueben leyes importantes, no sirve de nada si otras entidades como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, no cumplen con la labor que le corresponden.

Comparó la construcción del Puente Centenario, cuyo costo fue de 102.5 millones de dólares y según Domínguez, es cinco veces más difícil de construir que los pasos a desnivel que se hicieron como en Vía Brasil con Vía Israel o Vía Brasil con Calle 50 y cada uno de esos pasos costó 120 millones de dólares.

Es allí donde los funcionarios de la Contraloría General de la República tenían que hacer su trabajo y no permitir que eso pasara, pero se aprobó y se pagó.