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Panorama legal del proyecto de moratoria minera y derogación de la Ley 406

Asamblea Nacional

Ana Matilde Gómez analiza el proyecto de moratoria minera y derogación de la Ley 406 / Redacción de TVN Noticias

Ciudad de Panamá/Luego de que se aprobara en segundo debate el proyecto de ley que establece la moratoria minera y la derogación de la recién aprobada Ley 406, que suscribe un nuevo contrato minero, con lo cual, se avanza hacia su último debate; un nuevo panorama legal enfrentaría el país.

La exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, se unió a las voces de juristas y expertos que hacen un llamado a los diputados, frente a la magnitud del caso en el que nos encontramos.

"Yo sí creo que hay que hacerle un llamado a los diputados, lo que estamos diciendo es que, estamos en una encrucijada. Si a usted le dicen que allá afuera hay un lobo y es la minera, y usted, está en un cuarto y tiene que salir (...), usted quiere salir lo mejor armado que puede para enfrentar ese lobo que está afuera. Esa armadura en un Estado de derecho y de acuerdo a un contrato, nos lo da el fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque el fallo nos retrotrae a la posición ventajosa que estábamos en el 2017 y que luego se reiteró en el año 202", relató la abogada panameña, quien también ejerció como diputada de la Nación.

A juicio de Gómez, "lo importante es que, si la Corte se pronuncia, y a eso se le suma que, desde ya, el Ministerio de Ambiente debería recibir el mandato de la Asamblea de preparar los daños ambientales, la extensión del daño causado, las violaciones al convenio de Escazú, porque no hay gobernanza ambiental; nosotros estamos listos para enfrentar la demanda que sea internacionalmente".

Lo preocupante para algunos abogados, es que de aprobarse este nuevo proyecto ley de derogación, se impediría a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar la inconstitucionalidad de una ley inexistente, precisamente derogada, con lo que, la minera podría ir en prejuicio del Estado panameño.

Al final, recomiendan esperar que sea la CSJ quien se pronuncie sobre la legalidad o no del contrato ley negociado entre el Gobierno con la empresa minera, para evitar que estos últimos, queden en una mejor posición frente a una demanda internacional.

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