Nuevo camarón legislativo beneficiaría a condenados en casos de alto perfil

Una nueva controversia surge en la Asamblea tras la aprobación de un artículo en un proyecto de Ley que podría beneficiar a procesados en casos de alto perfil. En los cambios participaron diputados del PRD.

En medio de la discusión del proyecto de Ley 91, que busca endurecer las penas a quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad y evitar la imprescriptibilidad de estos delitos; diputados de la Asamblea Nacional introdujeron un llamado “camarón legislativo”.

El “camarón” implica que las personas que firmen acuerdos de pena o sean condenadas a no más de 5 años de prisión por casos de corrupción, narcotráfico, blanqueo de capitales o cualquier otro delito de alto perfil, podrán ser beneficiadas con trabajo comunitario en entidades estatales.

“Fue complicado. En el Pleno estábamos viendo que esa propuesta estaba rondando. Recomendaría al Ejecutivo que vetara ese artículo, que lo saquen. La ley es buena, es necesaria. El ejecutivo lo que puede hacer es vetar ese artículo por considerarlo inconveniente”, manifestó el diputado Gabriel Silva, proponente del proyecto de Ley 91.

Esta modificación al proyecto original ha generado inconformidad, porque parece ser una camisa hecha a la medida para los casos de alto perfil.

“La Constitución en el artículo 46 dice que una ley promulgada hoy podría beneficiar hacia atrás al reo. Eso quiere decir que todas esas personas a quiénes se les hubiese negado el trabajo comunitario en los últimos 5 años pudiesen ser beneficiadas. El mensaje es de contundencia, de favor a las personas de alto perfil que cometen irregularidades. No podemos llevar ese mensaje al mundo y a la ciudadanía”, señaló el abogado, Ernesto Cedeño.

“Muchas veces la sanción penal involucra la inhabilitación de funciones públicas. Sería contradictorio que las funciones públicas quedaran disponibles para quien ha sido sancionado”, declaró Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados.

Ahora se espera que el presidente Laurentino Cortizo vete el proyecto de manera parcial por inconveniente y que sea sacada esa modificación al Código Penal, que obligaría a los jueces a otorgar trabajos comunitarios.