Investigados en caso Odebrecht piden sobreseimiento

Este jueves iniciaron los alegatos de 37 abogados defensores en el noveno día de audiencia preliminar del caso Odebrecht que debe culminar el próximo 30 de septiembre.

En el cierre de los alegatos por parte del Ministerio Público, la fiscal Ruth Morcillo, indicó a la jueza Baloisa Marquínez que no hay un doble juzgamiento en el caso de los hermanos Martinelli Linares, debido a que los hechos y los delitos en Panamá no son los mismos que en Estados Unidos, donde ya fueron condenados.

Además, solicitó el llamamiento a juicio del expresidente Ricardo Martinelli, sus hijos, exministros de Estado, colaboradores y al expresidente Juan Carlos Varela.

En esta fase, los defensores deberán sustentar por qué sus defendidos no deben ir a juicio en una acción contraria al Ministerio Público, sin embargo, Morcillo solicitó que sean alegatos de altura y en derecho, no atacando a jueces y fiscales como se ha hecho durante el desarrollo del proceso.

El fiscal Mahmad Hasan señaló que el Ministerio Público hizo una sustentación contundente de la investigación, indicando que el hecho punible está acreditado.

“Este es un caso de soborno, este es el caso de atraco, este es el caso de blanqueo de capitales más icónico que ha tenido la República de Panamá y estamos seguros que luego de la fase procesal se llamará a juicio a todos los procesados”, expresó.

Sin embargo, Fernando Peñuelas, el primero en iniciar los alegatos, en función de defensa pública de varios de los mencionados que no han rendido indagatoria por estar en otros países, dijo que en audiencias pasadas se mencionó un concepto en su consideración funesto. “Este es el atraco de fondos más grande de la República”, que para él es fatal porque no corresponde a las actuaciones investigadas.

“Este no es un atraco, esta audiencia es el engaño más grande de investigación de la república, con la diferencia que ahora se están televisando y compartiendo actos vergonzosos de investigación”, destacó Peñuela.

Mencionó otros casos en los que se ha investigado y reiterando que no es el “atraco de fondos más grande de la República” y afirmando que esta es una mala investigación dirigida por una fiscalía paralela.

Refutó los planteamientos de la Fiscalía, indicando que no se ha podido probar que había pagos de “sobornos”, señalando confusión y manejo equivocado intencional de términos, y no sustentar el pago realizado por Marcelo Odebrecht antes, durante y después.

Además, se refirió a las cooperaciones hechas por Estados Unidos, declarando que las pruebas trasladadas tienen un proceso que hay que cumplir y que el Ministerio Público ignoró. 

Peñuelas destacó que, en los esquemas presentados por la fiscalía sobre la trazabilidad de los dineros de forma descendentes no muestra ni prueban que esos dineros que salieron de la caja 2 de Odebrecht procedían del propio Estado panameño porque no se mostró lo que había arriba de la caja 2, lo que esperaban todos los defensores que fuera demostrado.

Incluso le dio vuelta a la teoría del caso, indicando que “cómo la fiscalía sabe que los dineros pagados por la construcción de un proyecto son ilícitos, pero si es dinero del Estado entrando en una caja, que la empresa haga lo que quiera con la redistribución de sus finanzas es algo que nadie puede intervenir”, manifestó. 

Pidió que se sustentara que si el dinero de Panamá ingresó a una caja por pago de obra, por qué se dice que es dinero corrupto.

Por su parte Roniel Ortiz, en representación de Fernando Carreiro Muradas, Ursula Banz, y el expresidente Ricardo Martinelli, hizo señalamientos sobre el delito que se investiga que es de blanqueo de capitales.

Sostuvo que, para que este delito se dé se necesitan otros delitos previos que no han sido investigados por la Fiscalía. Indicó que hace falta un informe de la Contraloría General de la Nación para sustentar el delito de blanqueo de capitales.

El primer señalamiento que hizo Ortiz es que la Fiscalía señala a Fernando Muradas, pero su defendido en realidad se llama Fernando Carreiro Muradas, mostrando una copia de su cédula, además hizo referencia al testigo protegido que según él, sabe quién es y que la fiscalía ha repetido su nombre en distintas ocasiones.

Indicó que, se hizo una declaración vía web desde Panamá con los fiscales Olmedo Gómez y Tania Sterling en conexión con el testigo protegido que se encontraba en la Embajada de Panamá en España. Afirmó que las declaraciones dadas por este testigo llegaron a su oficina en un sobre y pudo leer dicha información, asegurando que la fiscalía mintió.

Aseguró que se reunió con el testigo protegido tres veces, pero antes no había dicho nada. 

que según sus detalles se trata de Rodrigo Tacla Durán. Hizo señalamientos contra Roberto Roy, a la vez que apuntaba contra el fiscal Gómez indicando que “armó pruebas ilícitas”.

Ante reiterados señalamientos sobre la personalidad del fiscal Gómez, la jueza Marquínez procedió a llamarle la atención a Ortiz y pedirle que se limitara a hacer alegatos sobre el caso, debido a que hasta el momento no lo había hecho.

Solicitó sobreseimiento provisional para Carreiro Muradas y Ursula Banz porque a su parecer no se ha comprobado el hecho punible ni se ha logrado hacer la vinculación en su contra. 

En cuanto al expresidente Martinelli, Ortiz insistió en el principio de especialidad del cual según él goza, indicando que cuando el exmandatario fue extraditado, ya el caso Odebrecht abierto, explicando por qué no se podía levantar una investigación en su contra. Además de inmunidad como diputado del Parlacen. 

Concluyó diciendo que lo que se le indaga a Martinelli no existe y no tiene nada que ver con los delitos que se le atribuyen, por lo que pidió auto sobreseimiento, examinar la prescripción, la violación al principio de especialidad y la violación a la competencia de la que fue objeto.

La abogada Marcela Araúz, defensora de Ricardo Francolini, manifestó que la publicidad que se le ha dado a la audiencia se ha creado otra percepción inadecuada e incorrecta de lo que debe ser el acto, señalando que como defensa tienen la obligación de demostrar que sus representados son inocentes con elementos de convicción, cuando lo legal y correcto es que el Ministerio Público es quien tiene la carga de la prueba.

En su corta exposición donde hizo señalamientos hacia el Ministerio Público y la querella, se dirigió a la jueza indicando que es ella quien podrá determinar si la causa debe pasar al siguiente escenario, o sea un juicio, y si esos delitos que se exponen no se logran acreditar, entonces debe proceder a emitir un sobreseimiento definitivo a favor de Francolini porque estaría libre de delito.

La abogada se apoyó de una providencia del 23 de enero del 2017, la cual fue presentada en pantalla para explicar cómo se originaron los cargos contra su defendido que era accionista de una sociedad anónima, y esta figura de accionista permitió que se le diera una apariencia lícita a fondos que provenían de Odebrecht.

Advirtió que el Ministerio Público debe sostener los cargos presentados en la audiencia preliminar sin pretender sorprender en caso de llegar a la fase de juicio.

Araúz también apeló a la no presentación del delito previo para llegar al blanqueo de capitales, siendo el deber del Ministerio Público demostrar los verbos recibió, transfirió, negoció, qué hizo, cuánto movió, en qué momento lo movió y a quién se lo movió. 

Se preguntó por qué el sobreseimiento a otros tres miembros de la Junta Directiva de Promotora de Desarrollo de Los Andes Mall S.A, no alcanzó a Francolini.

El uso de la palabra fue concedida al abogado de Aurora Muradas, Alfredo Vallarino, quien dijo que, así como respetuosamente se le llamó a su defendida “lavadora de dinero”, así respetuosamente él tenía que manifestar que la Físcalia no ha llevado investigación.

Trajo nuevamente a colación el tema del Fiscal Superior Anticorrupción, Mahmad Daud Hasan y reiteró que no es algo que no esté en el expediente, ya que en la foja 337-881 existe el testimonio de un testigo que el socio de la firma de abogados que constituyó Constructora Internacional del Sur es el fiscal Hasan

“Constituir sociedades no es un delito, pero lo que si es cierto es que un fiscal no puede investigarse a él mismo, ni representar la causa en donde es mencionado”, expresó.

Por otra parte refutó el hecho de que a una gran cantidad de personas se les ha concedido días multas y están fuera de la cárcel.

Sobre Muradas, Arosemana dijo que los supuestos hechos indilgados a su representada por el Ministerio Público son falsos. Sustentó que su representada no puede ser acusada de corrupción a razón de que nunca ha sido funcionaria y resaltó que solo fue vinculada al caso por su relación con el expresidente Martinelli, por lo que pidió se le otorgue sobreseimiento de carácter definitivo en este caso.

El nombre de Aurora Muradas Fraiz aparece en una serie de facturas de transacciones que tuvieron lugar en el 2012 y que fueron investigadas por la Fiscalía Especial Anticorrupción. Según la declaración de un testigo protegido, -identificado como F.E.A 001-2020- Muradas Fraiz era una de cuatro mujeres que presuntamente recibían un “soporte familiar solicitado por el ex presidente Ricardo Martinelli a Andrés Rabello”. Este último era el superintendente de Odebrecht en Panamá.

Terminadas las alegaciones de Vallarino, siguió Basilio Gonzáles, defensor de Jaime Ford y Aron Mizrachi, para los que también se pidió un sobreseimiento definitivo para ambos, además del levantamiento de las medidas cautelares contra Ford. 

Gonzáles negó que Ford tuviese relación con la sociedad que recibió los fondos de la constructora brasileña. 

Al respecto de Mizrachi, rechazó los señalamientos de la fiscalía en torno a este, afirmando que los dineros que recibió en la sociedad Caribbean Holding fueron donaciones políticas que posteriormente se transfirieron a Martinelli y Juan Carlos Varela. 

Fiscalía vuelve a defenderse

Tras un receso de 10 minutos, la fiscal Especial Anticorrupción, Ruth Morcillo intervino para aclarar que no hay mala fe procesa por parte del Ministerio Público de obtener pruebas en Fiscalía que no pretenda hacer de conocimiento a las partes y que hay una etapa probatoria donde se incorporará el informe financiero del caso y respuestas de asistencias judiciales internacionales.

"Que las partes pretendan confundir con sus alegatos y dejar en el ambiente una postura de componentas con el tribunal, no solo es un irrespeto... ya habíamos advertido que la intención es atacar con prácticas mal sanas sin fundamento", aseveró Morcillo.

El penúltimo alegato se dio en favor de Evelyn Vargas Reynaga, a través de su defensa Rene Rodríguez, quien también pidió sobreseimiento.

Reynaga fue la abogada de la empresa Importadora Ricamar, y se le señala por proporcionar información falsa en una entidad bancaria en Suiza, donde los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, recibían supuestos sobornos de Odebrecht.

En tanto, el último alegato de la jornada fue por parte de Rosendo Miranda, representante legal del exministro del MOP, en el quinquenio de Martinelli, Federico Suárez.

Su defensa al igual que las demás solicitó un sobreseimiento definitivo, alegando que Suárez en ningún momento encubrió dinero ilícito de Odebrecht.