¿Es o no legal el contrato que tiene Minera Panamá?

¿Tiene Minera Panamá contrato vigente sí o no? Esa es la pregunta que queda en el aire, luego de que la empresa afirmara la semana pasada que contaba con una renovación de contrato hecha en el 2017 con vigencia hasta el 2037, mientras que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, refutaba diciendo que un contrato ley debe pasar por la Asamblea para ser aprobado o rechazado y una resolución no está por encima de esto.

Posteriormente, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Molina Mola, indicó en un video que lo que declaró inconstitucional la Corte fue la Ley que hace legal el contrato más no el contrato.

Sin embargo, algunos juristas manifiestan que, para que el contrato, que tiene clausulas especiales sea legal necesita de dicha ley que fue declarada inconstitucional.

El abogado ambientalista, Harley Mitchell, manifestó que el limbo jurídico que se encuentra en esta situación ha sido provocado, porque existe un fallo de la Corte hace cinco años que han querido retrasar a través de recursos inadmisibles por parte de la Constitución, y no es hasta la semana pasada que se reconoce el fallo mediante una resolución de Gabinete, pero no se hace cumplir solo se menciona.

El abogado señaló que esto es extremadamente grave, pues el Ejecutivo está decidiendo cuando hacer cumplir un fallo y cuando no.

Mitchell señaló que, sigue habiendo ambigüedades en lo manifestado por el Gobierno, pues, lo dicho por el presidente y lo emitido en documentos genera confusión. No obstante, dijo que, hablar de la etapa comercial de este tipo de empresa es muy complicado, ya que, no se trata de una tienda de la esquina, sino de un contrato están comprometido con meses y años de anticipación, por lo que esto es insuficiente.

Calificó como incorrecto el mandato de supervisión de la mina al Ministerio de Ambiente, ya que, desde el año pasado este ministerio está haciendo esta labor, además, las otras resoluciones a los otros ministerios forman parte de lo que les corresponde por Ley.

Agregó que, el Ministerio de Comercio e Industrias, a través de la Dirección de Recursos de Subsuelo quien debe tomar acciones, y basta con una resolución de esta entidad para ordenar el cese de operaciones porque carece de instrumento jurídico que la ampare para seguir cumpliendo las condiciones de extracción de recursos minerales.

Finalizó considerando como incorrecta las opiniones de quienes quieren separar el contrato de la Ley que lo ampara, debido a que las medidas administrativas con las que goza la empresa, son cosas que no se podrían hacer sin la Ley, por lo que, al desaparecer el manto de la Ley, desaparecen esas facultades extraordinarias.

“El contrato para efectos jurídicos ha desaparecido”, concluyó.