Niñas y niños panameños podrían estar siendo sacados del país para explotación sexual

Ciudad de Panamá, Panamá/El aumento de manera vertiginosa y crítica que ha tenido la violencia y delitos contra la libertad e integridad sexual en el país, preocupa, más aún luego del último caso que se registró en las provincias de Chiriquí y Darién, donde autoridades desarticularon una presunta red dedicada al delito de explotación sexual comercial en contra de menores.

Esto lo demuestran las cifras, según Lucy Córdoba, activista por los niños y niñas, quien manifestó que, durante el 2021, existían 5,969 víctimas por delitos contra la libertad e integridad sexual, luego en 2022, incrementó a 6,389, un 7% más que el año anterior, y en lo que va del año se contabilizan 3,079 denuncias, de estas 223 por explotación sexual comercial.

Córdoba dio por sentado el riesgo, de que niños y niñas panameños, podrían estar siendo sacados del país para estos fines, un ejemplo de ello, el caso ocurrido el año pasado donde 10 niños fueron rescatados y este año, una niña de 12 años que fue vendida a una persona en Costa Rica.

Actuación de educadores y autoridades

Por otro lado, se repite el hecho de que son familiares cercanos quienes están cometiendo estos delitos, lo que es lamentable destacó la especialista y es evidente que cada vez más el círculo familiar no es seguro para los niños y niñas.

A este problema, se le suma la deserción escolar a la que muchos de estos niños se enfrentan, por ello, los maestros juegan un papel fundamental en la cadena, porque los menores que son explotados tienen un problema psicológico y demuestran lo que les está sucediendo en la escuela.

"Me gustaría que maestros y maestras, investiguen dónde están los niños y niñas que han desertado de las escuelas" dijo.

Fronteras peligrosas

Además de ser explotados estas víctimas también están convirtiendo a adictos para cuando crezcan ser dependientes de estas drogas.

Tan solo en Barú, provincia de Chiriquí se han rescatado más de 25 niños expuestos a explotación. La especialista instó al Ministerio Público, al reforzamiento de los sistemas tecnológicos y de investigación que puedan captar y detectar estas redes, porque los casos que se han venido registrando coincidentemente se están dando en las fronteras.