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Ciudad de Panamá/Sancionada la Ley 462 que modifica, adiciona y deroga artículos de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), el presidente de la República, José Raúl Mulino, avanzará en el segundo tema de su agenda: el estatus legal de la empresa Cobre Panamá.
Ya la empresa anunció que instruyó a su equipo legal a reunirse con el Gobierno para suspender las seis o siete demandas de arbitrajes que había interpuesto tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La suspensión de estos arbitrajes fue una de las condiciones que puso el Gobierno para retomar la conversación sobre el futuro de la mina. Sin embargo, en su habitual conferencia matutina de este jueves 20 de marzo, Mulino aseguró que "no han sido notificados de esa suspensión" y hasta que no sean "notificados no habrá conversaciones formales".
No obstante, el mandatario detalló que a partir de este lunes 24 de marzo tendrá la primera reunión con su equipo de gobierno, que guarda relación con este tema, siendo uno de los principales el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que en el pasado negoció el contrato en nombre de Panamá.
En esa primera reunión, Mulino detalló que se abordará de manera más concreta "algunas ideas que hemos venido esbozando en el tiempo con relación al tema mina".
Definitivamente tendrá que haber una conversación con First Quantum y vamos avanzando", indicó el mandatario.
Por su parte, la empresa minera también espera iniciar una conversación con el gobierno panameño, en la que buscarán la reapertura de la mina; esto, según lo dicho por el gerente país de Cobre Panamá, Manuel Aizpurúa.
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Por otro lado, también se refirió a la autorización que dio para el encendido de la planta termoeléctrica, así como la importación del carbón por medio del puerto para que la planta pueda funcionar. Sobre esto, indicó que el día de ayer solicitó a la Secretaría de Energía y a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) que preparen los protocolos lo más rápido posible para la planta termo que hay allí.
Son 300 megas que se necesitan, pero no son 300 megas que se pueden incorporar al sistema de distribución de una vez. Eso tiene que ir gradualmente. Pero sí di la autorización para que eso se haga", puntualizó.
Según el informe de la ASEP de 2024, la capacidad instalada total de energía de las plantas térmicas es del 35.08 % (1,503.98 MW), en donde la planta de Minera Panamá aporta un 7%.
Mulino, que ya autorizó la salida del concentrado de cobre que quedó en las bodegas de Cobre Panamá, dijo esta mañana que lo hizo porque hay "buen billetito que tenemos ahí guardado" porque "esa molienda es de Panamá porque no hay contrato".
Sin embargo, Aizpurúa, el gerente país de la empresa, aclaró la semana pasada que los ingresos que se perciban de la exportación de ese concentrado de cobre se utilizarían para continuar preservando el sitio "hasta el momento en que se pueda dar la reapertura", pero que "esa venta de ese concentrado debe generar también compromisos fiscales que la empresa públicamente, pues se ha comprometido a honrar". Por lo pronto, la empresa indicó que espera la hoja para la exportación del material por parte del MICI.
Sobre esta línea, continuó detallando que también autorizó que se agendara una reunión con la Cámara Minera de Panamá, para abordar el tema con los proveedores de la empresa.
El mandatario indicó que para él este tema es "supremamente importante", si se analizan las cifras que se ha dejado de percibir tras el cierre de la mina, ya que se trata de alrededor de "780 millones de dólares en impuestos directos" y otra "barbaridad de millones de dólares con el Seguro Social".
Yo nada más quiero hacer una pregunta sensata, y no cuando estoy diciendo que esa mina va a operar; eso está en proceso, que va a verse. Pero de llegar a ser una opinión favorable, ¿con qué criterio puedo yo, como presidente de la República, decirle al país: adiós la mina? No va a haber mina. Porque cinco gatos que no pagan una planilla no quieren mina. "Yo creo que este es un tema supremamente importante", subrayó.
Añadió que, si bien los arbitrajes van a ser suspendidos por la empresa, "el Estado panameño tiene una potencial responsabilidad de más de 20 mil millones de dólares en reclamaciones que también tengo que ver para lograr bajar eso a cero, pero bajar eso a cero implica tener una negociación inteligente y beneficiosa para el país, no de otra manera". Detalló que, del proceso de arbitrajes, los abogados en Estados Unidos se encargarán de llevar ese proceso con la empresa.
De acuerdo con Mulino, el tema minero es importante por la "coyuntura económica del país, sobre todo en la generación de empleo".
La mina no emplea salario mínimo, empleaba puestos de alto nivel salarial con una contribución importante al fisco, al Seguro Social, entre otras", precisó.