Pese a condena, caso de menores quemados se volvió a estancar
Hace más de un mes que nueve personas fueron condenadas por la muerte de cinco menores quemados en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, pero todavía la sanción no se ha hecho efectiva porque abogados apelaron.
Los implicados no han sido enviados a prisión definitivamente porque primero se debe resolver un recurso de apelación presentado contra las condenas de 46, 40 y 6 años de cárcel que impuso el Segundo Tribunal Superior por este caso.
Mientras tanto, los policías sindicados cumplen la medida cautelar de detención preventiva, realizando trabajos administrativos en la sede de la Policía Nacional de Ancón, informó la fiscal Primera Superior, Geomara De Jones.
Explicó que aún no se ha ejecutado la sentencia del Segundo Tribunal Superior, porque se encuentran en la etapa de notificaciones.
Hasta la fecha, solo se ha recibido una sola apelación y según De Jones, se esperan otras, para entonces ir a la segunda instancia para que se resuelvan esos recursos.
En síntesis todo parece indicar que las madres de los menores fallecidos, que ya esperaron más de cinco años, para la condena tendrán que esperar otro tiempo más para saber si los responsables pagarán o no por estos delitos.
Condena
El Segundo Tribunal Superior de justicia condenó a 46, 40 y 6 años de cárcel a los responsables de la muerte de los cinco menores de edad, en el centro de Cumplimiento de Menores, dentro de los que hay siete policías, la directora del centro [en ese entonces] y un custodio.
La sentencia más grave de 46 años por homicidio y tentativa de homicidio la recibieron Iris Nedelka Cedeño directora del Centro así como los policías Luis Carlos Ortega, Ángel Batista y Eduardo Barreno.
Joel Alexis Rodríguez y Maikol Ariel González [policías], fueron condenados a 40 años de cárcel por los mismos delitos.
Mientras que Ernesto Rogelio Blake, Dario Caballero y el custodio del Centro Guillermo Ábrego fueron sentenciados a 6 años de cárcel únicamente por el delito de castigo infame y vejación.
A todos los condenados también se les inhabilitó para ejercer funciones públicas hasta cinco años después de cumplida la pena principal. Es decir cuando terminen de pagar sus condenas no podrán ejercer cargos públicos durante cinco años.