MOP se pronuncia por amparo presentado por la Defensoría sobre desalojo de comerciantes

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reaccionó a la presentación por parte Defensoría de Pueblo de un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, con relación con una resolución emitida el 5 de enero de 2011, que busca el desalojo de varios comerciantes de la zona de La Cabima, al norte de la capital.

En su defensa, el MOP indicó que,  en el sector de La Cabima, de acuerdo a las mediciones técnicas realizadas, se reporta que treinta y cuatro (34) establecimientos se encuentran ocupando de forma ilegal el área de servidumbre pública.

En este sentido, se inició el procedimiento de notificaciones el 26 de abril de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 11 de 27 de abril de 2006, que prohíbe la instalación de estructuras y anuncios publicitarios o cualquier otra edificación en servidumbre vial y pluvial a nivel nacional, que no constituyan infraestructura para los servicios públicos, siendo este Ministerio quien conozca, reglamente y sancione todo lo relacionado con el régimen de servidumbre pública.

“Las actuaciones del Ministerio de Obras Públicas se relacionan con la ocupación ilegal del área de servidumbre pública y no guardan relación con el ejercicio comercial”, indicaron en un comunicado.

En este sector, la entidad se encuentra ejecutando el proyecto “Diseño, Construcción y Financiamiento del Intercambiador Entrada La Cabima y Retorno a Desnivel en Ciudad Bolívar, provincia de Panamá, a través del Contrato N° UAL-1-16-2022”, bajo la modalidad llave en mano, con una población beneficiada de 300,000.00.

Los trabajos del proyecto se están ejecutando dentro del área de servidumbre vial pública, establecida inicialmente mediante Decreto Ejecutivo N° 687 de 11 de octubre de 1944 y la Resolución N° 30-20 de 21 de octubre de 1980, certificada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Recordaron que dos reuniones se llevaron a cabo con los poseedores de los locales, que fueron atendidos por personal técnico de la Oficina de Proyectos Especiales y de Asesoría Legal, en la cual se explicó el procedimiento para las liberaciones de la servidumbre vial y la ocupación ilegal. Además, como las normas y procedimientos que se siguen cuando se adquiere terrenos privados para constituir servidumbre vial, con relación a los pagos por afectaciones se indicó que solo proceden en los casos de adquisiciones, de acuerdo con las leyes que regulan estos temas y las consultas realizadas a la Procuraduría de la Administración.

En tanto, los comerciantes fueron investigados por parte de la Defensoría del Pueblo, y se corroboró que llevan a cabo sus actividades comerciales de manera legal.

Mantienen vigentes los avisos de operaciones correspondientes y han cumplido con el pago de las tasas de impuestos estipuladas por la ley.