Vivo En El Limbo
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Con la terminación del programa del Fondo Solidario de Vivienda, la capacidad de la demanda para la compra de soluciones habitacionales se hará aún más difícil de lo que ya era. Ante este escenario, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), se encuentra en la tarea de buscar mecanismos para que todas las familias panameñas puedan ser sujeto de crédito y adquirir su casa, así lo indicó el titular de la cartera, Jaime A. Jované C., durante la inauguración de la feria Capac Expo Habitat 2024.
Jované señaló que las viviendas de interés social van a continuar, porque tiene carácteres especiales en el desarrollo de urbanizaciones con sus propias especificaciones, lo que no continuará es el bono de los 10 mil pero está seguro que el mercado en general se va a adaptar.
Sobre la Ley de interés preferencial, manifestó que también se está revisando porque sigue siendo una carga para el Estado, pero las innovaciones que va a presentar la empresa privada y con el trabajo que realiza el Gobierno, se encontrará una solución para atender toda la demanda tanto de viviendas de interés social como la de otros rangos.
Reiteró que el déficit de Panamá se mantiene en aproximadamente 140 mil unidades de vivienda cuantitativamente, porque el déficit cualitativo por falta de agua, vialidad y los servicios básicos públicos, es otro número que buscan atender de forma planificada.
Por último, el jefe de la cartera de Vivienda señaló que la feria de vivienda del sector privado ayuda a impulsar la economía del país, donde se ofrecen desde maquinarias, hasta unidades de vivienda que van desde los rangos de interés social, hasta viviendas de lujo y de vacaciones.
El Programa Fondo Solidario de Vivienda se creó en marzo de 2011 y consistía en un aporte de 10 mil dólares que el Estado ofrecía como abono inicial para las personas y familias que deseaban adquirir su primera casa, cuyo costo no excediera la suma de 70 mil dólares y con un ingreso familiar de hasta 2 mil mensuales.
Sin embargo, en los últimos años, la deuda del Estado con los promotores de viviendas, quienes en principio asumían los $10,000, se fue acumulando hasta llegar a los 160 millones de dólares, poniendo en “peligro” unos 16,000 hogares que ya habían sido adquiridos bajo esta figura de interés social.
Con esta enorme deuda y con las finanzas en rojo, el presidente José Raúl Mulino anunció que el Fondo Solidario de Vivienda no sería renovado y dejará de existir porque no hay fondos para seguir pagándolo.
“El bono solidario no se puede seguir pagando, porque hay una incongruencia, con el pretexto del bono arrancan a construir urbanizaciones que en principio va a llevar ese beneficio para apartamentos y casas, sin preguntar al Estado si lo puede pagar o no. Por cada casa que se construye el Estado tiene que responder y la morosidad es alta”, indicó durante su alocución de todos los jueves.
En tanto, el ministro Jované reveló que aún se adeudan aproximadamente $60 millones a las promotoras como parte de este programa. Jované explicó que si bien no hay presupuesto para amparar los $10,000 para las viviendas, el Estado se comprometió a honrar el pago de las viviendas que se construyeron hasta el 30 de junio de 2024.