Ministra del Mides presenta querella y evita responder cuestionamientos

Siguiendo las instrucciones emitidas por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, la ministra la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, se presentó a las instalaciones del Ministerio Público en Balboa para interponer una querella tras el informe realizado por la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional donde se revelan supuestos abusos en contra de menores de edad en albergues que estaban a cargo de la supervisión del Estado.

Ayer, en un mensaje al país, el mandatario indicó que "los autores responsables de los delitos cometidos contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben ser castigados con el máximo rigor de la ley, sin contemplaciones".

Al ser cuestionada sobre cómo se puede ser querellante de una denuncia, si en teoría debió estar al tanto de las situaciones que se daban en estos albergues por ser presidenta de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), y si renunciaría al cargo, la titular no pudo emitir detalle alguno.

En su lugar, Carlos Cabeza, representante legal del Mides tomó la palabra e indicó que, "ella no es abogado y no tiene porque renunciar, aquí hay que hacer una investigación y descubrir a los culpables".

Detalles de procesos por otras denuncias

En tanto, la directora de la Senniaf, Mayra Inés Silvera, también acudió en compañía del representante legal de la entidad, Pedro Meilán ante el MP, para conocer los detalles o estatus de procesos que ya fueron presentados en 2020, contra personas que ya han sido imputadas, acusadas y que se someterán a juicio oral, por hechos que se daban en albergues.

"Nosotros necesitamos como Estado, en representación del Mides y Senniaf, verificar cuál es el estatus de estas denuncias para que podamos entrar como querellantes en los procesos que se puedan querellar", indicó Meilán.

El abogado detalló que como Estado solamente se pueden hacer responsables de los niños que están a cargo de la Senniaf, toda vez que algunos menores están bajo custodia de los juzgados y familiares.

Agregó que, actualmente cuentan con siete denuncias, de estas, una es de la provincia de Colón, otra de Veraguas, dos de Panamá Oeste y el resto de la provincia de Panamá.

Explicó que, es importante que se separen las cosas.

"Una cosa son las denuncias que ya fueron presentadas, por este, y otros gobiernos y otra cosa es el informe que fue presentado por las diputadas, en el cual se realizará los análisis y de lo que salga procederán a presentar las denuncias", aseveró.

Meilán explicó que, en el caso de Fundación Chilibre Panamá (Funchipa), ya hay una denuncia presentada y será querellada porque hay un tema de fondos públicos del Estado y la Fiscalía Anticorrupción tendrá que realizar el trabajo.

Por su parte, el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, reiteró que realizará estas investigaciones con la mayor objetividad y celeridad posible, garantizando a la ciudadanía que darán como resultado la acreditación de aquellos hechos punibles que existan o que se hayan dado dentro de estos albergues y llamarán a la responsabilidad de las personas que sean responsables de dichos hechos.

"Aquí tenemos claro que vamos a investigar incluso más allá de cualquier contenido que pueda tener el informe de la Asamblea. Actualmente el Ministerio Público maneja más de ocho procesos que tienen que ver con situaciones ocurridas en distintos albergues" destacó.

Advirtió que revisarán que se haya cumplido con el deber de fiscalización que tienen las distintas instituciones del Estado y exigirán la responsabilidad de todo aquel que resulte involucrado.

Durante varios días, las jornadas de protestas de personas de la sociedad civil en los predios de la Senniaf, no han cesado, luego de conocerse los resultados de estos informes que detallan situaciones dantescas por la que pasaban tanto niños, niñas como adolescentes, algunos de ellos con discapacidad en estos albergues.

Una denuncia ya fue interpuesta por las diputadas miembros de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, ante el Ministerio Público, en ella se pedía sanciones severas contra los lugares en donde se encontraron las anomalías y el cierre de al menos 14 albergues.