Ministerio de Seguridad reitera necesidad de una Ley de Extinción de Dominio en Panamá

Ciudad de Panamá/El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, recalcó que la Ley de Extinción de Dominio es una herramienta que necesita Panamá e indicó que con las operaciones 'Éxodo y Ballena', por medio de las cuales se desmantelaron dos redes criminales dedicadas al narcotráfico y blanqueo de capitales, se demuestra la analogía e importancia de la iniciativa que se presentó a la Asamblea Nacional, pero que no obtuvo el respaldo del Legislativo.

Recordó que la normativa fue presentada en dos ocasiones por esta gestión ante pleno parlamentario y aunque no se haya logrado su aprobación, consideró que el país está en el momento apropiado para anexarla a sus leyes.

Nos estamos anticipando al crecimiento del crimen organizado trasnacional. Un kilo de droga en Bélgica está arriba de los $90 mil, una ganancia abismal al poner cierta cantidad de kilos en países europeos, porque ahora el mercado está allá — Juan Manuel Pino - Ministro de Seguridad

A juicio de Pino, si ahora se hubiese contado con la ley, la expropiación que se ha hecho hubiese sido mayor y más inmediata, además, todos los bienes decomisados hubieses pasado para cubrir asuntos sociales y de prevención.

En agosto de 2023, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, autorizó la presentación de una nueva propuesta sobre la extinción de dominio

La propuesta que se llevó al Legislativo incluyó varios cambios a la anterior iniciativa que fue archivada por los diputados, entre estos, que especifica los delitos que serían investigados con esta ley: blanqueo de capitales, terrorismo, financiamiento del terrorismo, financiamiento financiero, trata de personas, narcotráfico y asociación ilícita para delinquir. La iniciativa tiene entre sus características la declaración ilícita de los bienes, por lo que tiene un carácter “in rem”, es decir, no va contra la persona.

La extinción de dominio busca combatir la delincuencia organizada mediante la aplicación de medidas de cooperación internacional de los sistemas judiciales, organismos policiales y de investigación para la identificación, ubicación, localización y recuperación de activos ilícitos.