Ministerio Público intentará reabrir investigación a fincas usadas para pagar fianzas
La existencia de fincas, presuntamente sobrevaloradas, utilizadas para el pago de fianzas a personas imputadas por delitos ha despertado fuertes críticas en la sociedad panameña.
El 19 de febrero de 2015, le llegó una carta a la procuradora Kenia Porcell alertándola sobre las acciones de la empresa Reforestadora San Cristóbal S.A, propietaria de muchas de estas fincas en la provincia de Coclé.
La carta detallaba que terrenos de entre 1,000 a 1,500 metros cuadrados habían recibido un valor catastral de 400,000 mil dólares, certificado por la Autoridad Nacional de Tierras (Anati). Esto representaría unos 266 dólares por metro cuadrado.
Una investigación periodística del diario La Prensa reveló como algunos terrenos usados como garantía en el pago de fianzas se mantienen en lugares remotos y sin acceso a los servicios básicos, pero igual son valorizados por cientos de miles de dólares.
Este jueves 28 de septiembre el Ministerio Público emitió un comunicado declarando que el 10 de diciembre de 2014 habían iniciado una investigación por las propiedades a nombre de Reforestadora San Cristóbal que habían sido ofrecidas como garantía en diversos casos.
Sin embargo, no pudieron acreditar que hubiera un hecho punible de falsedad, por lo que la Fiscalía Segunda solicitó el sobreseimiento provisional del caso. Ahora, en 2017, tras el alud de críticas el Ministerio Público afirma en el comunicado que “próximamente se estarán evaluando las acciones necesarias a fin de establecer la solicitud de una reapertura del caso”.
Reforestadora San Cristóbal fue inscrita el 21 de octubre de 2008, de acuerdo a datos del Registro Público.