Revelan detalles del caso 'New Business' y la compra de Epasa

La procuradora General, Kenia Porcell confirmó que delitos contra la administración pública cometidos en la ampliación de la autopista de Arraiján-La Chorrera son el origen de toda la trama de blanqueo de capitales, que ahora investiga el Ministerio Público, relacionada con la compra de este medio de comunicación.

De acuerdo con Porcell, a partir del 10 de febrero de 2017, el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento, por conducto de la Asamblea Nacional, sobre la presunta comisión del delito contra el orden económico (blanqueo de capitales).

Manifestó que la primera fase ha demostrado que cuando se da la licitación y se gana (el proyecto de ampliación de) la autopista, se recibe un adelanto de aproximadamente 22 millones de dólares, de los cuales, parte del dinero, en lugar de ser usado en su construcción, fue utilizado y desviado para la transacción, es decir para entre otras cosas la compra del medio de comunicación.

El delito de blanqueo de capitales requiere de una investigación o hecho ilícito precedente. “El delito precedente es el caso de la (ampliación de la) autopista Arraiján-La Chorrera”.

En dicho caso, el delito es contra la administración pública y parte de los dineros recibidos para su construcción fueron usados para la compra de estas empresas por 39.9 millones de dólares.

Hallazgo de investigación

Porcell dijo en conferencia de prensa, que para probar el delito realizaron una serie de investigaciones, que permitieron obtener la información bancaria, que “de manera clara y precisa detalla el uso de una cuenta bancaria offshore para recibir y agrupar dinero, cuya procedencia estaba relacionada con actividades vinculadas a delitos contra la administración pública”.

Con el fin de disimular el presunto origen ilícito del dinero fueron adquiridas un grupo de empresas, entre ellas, medios de comunicación, según Porcell.

Agregó que en la operación financiera, se logró identificar dinero del Estado, que se ingresaba de manera “inusual” al sistema financiero y que luego era distribuido entre otras personas naturales y jurídicas que finalmente se agruparon para integrar el dinero de la compra de dichas empresas.

“Este proceso cumplió con las fases que se utilizan para el delito de blanqueo de capitales: primero la colocación del dinero; segundo, la estratificación del dinero; y tercero, la integración o inversión del dinero”, dijo Porcell.

En tanto, según su explicación, la maniobra económica de transferencia de los dineros fue realizada en el término de dos días, usando siete bancos locales y cinco extranjeros, de jurisdicciones en Estados Unidos, Suiza y China, “lo que hace necesario vincular la investigación con estos países para la cooperación internacional y persecución efectiva del delito”.

Mientras, Porcell dijo que el MP es consciente que la libertad de información es la base de todo sistema democrático, al tiempo que recalcó que la investigación “no está dirigida contra la labor informativa de ningún medio de comunicación, ni línea editorial”.

“No hemos ordenado ninguna medida legal que limite, ni afecte, ni lesione el pleno ejercicio y funcionamiento de la prensa panameña”, manifestó Porcell.

Para la procuradora, la investigación busca identificar el delito de blanqueo de capitales, cuyo delito precedente hasta este momento es contra la administración pública.

Datos sobre la investigación

La investigación la lleva a cabo la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada.

En el año 2010, 18 personas entre naturales y jurídicas realizaron 18 transacciones.

Entre los implicados hay dos personas naturales, 15 son sociedades, y una firma de abogados. Del total de transacciones, 16 se efectuaron en dos días.

Dichas transacciones oscilaron en montos que van desde los 80 mil dólares hasta los 11.4 millones de dólares.

Las mismas se efectuaron a través de cuentas bancarias, ubicadas en cuatro jurisdicciones como Panamá, Estados Unidos, Suiza y China.

De aquí se realizaron 18 transferencias a una sociedad denominada "New Business".

La sociedad se crea y se le coloca ese nombre, en Islas Vírgenes Británicas y a su vez tiene sus cuentas bancarias offshore en Montserrat.

El dinero llegaba a la cuenta bancaria en Montserrat y de allí, (el 21 y el 22 de diciembre de 2010) se giraron dos cheques para la compra de las empresas, por un total de 39.9 millones de dólares.

Según la procuradora, las personas vinculadas realizaron los movimientos para retornar el dinero a la República de Panamá.

Hasta el momento se han formulado cargos a cuatro personas y se están girando acusaciones.

“Todos van a ser llamados al proceso, lo que corresponde es que todas aquellas personas, que de una u otra forma quieran colaborar prontamente con la investigación, este es el momento para hacerlo”, manifestó Porcell.