Panamá debe tener un equipo legal de 'primer nivel' ante posible arbitraje internacional
Fallo de la Corte
Según el economista, la empresa Minera Panamá debe ser sometida a una auditoría económica y ambiental.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) para emitir su fallo sobre la Ley 406, hizo un análisis global de la Constitución, no solo se limitó a las causales que fueron invocadas por los demandantes, dijo el economista Francisco Bustamante. Debido a este análisis, la Corte determinó que la Ley 406 que aprobaba el contrato minero entre el Estado y la empresa Minera Panamá, violó al menos 25 artículos de la Constitución de la República.
Destacó Bustamante que, en sus argumentaciones, la Corte llama la atención a la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo del país pero, señala que se debió realizar a través de las mejores prácticas para proteger el medio ambiente y los intereses del país.
Además, explicó que, al tener un tratado vigente con Canadá, solo por esa razón ya podría Panamá ir a una demanda de arbitraje internacional y la Corte reconoció que a través de ese contrato (Ley 406), la empresa Minera Panamá, filial de la empresa canadiense Firs Quantum Minerals, puede presentar demandas de arbitraje tal y como lo anunció.
Desde el inicio de las operaciones de la empresa minera, operaron bajo un contrato que fue declarado inconstitucional 17 años después, por esta razón el economista cuestionó la responsabilidad de los funcionarios públicos que participaron en estas negociaciones en la génesis de la concesión.
Es un contrato que ya viene con vicios de naturaleza anti constitucional", dijo Bustamante.
Según el también negociador arbitral, la empresa debe ser sometida a una auditoría económica y ambiental para analizar a fondo qué cantidad de dinero se invirtió en cada etapa de desarrollo de las actividades mineras. Asegura Bustamante que, se debe conocer cuánto dinero, de los 10 mil millones que asegura haber invertido la empresa, fueron destinado a inversión, maquinaria, movimientos de tierras, estudios ambientales, entre otros componentes.
Hay que hacer una auditoría financiera de esos 10 mil millones igual una auditoría ambiental de los posibles daños que han causado".
Arbitraje
A pesar de que la empresa Minera Panamá, ya realizó una notificación de intención de demandas de arbitraje, la misma no se formalizará de inmediato, sino que hay periodo de tiempo con él se debe cumplir para que ambas partes asignen los árbitros.
Explicó Bustamante que, cada parte debe aceptar el árbitro de la otra y los mismos, no deben pertenecer a ninguno de los países involucrados en el tema. En el caso de Panamá, y pese a que será un árbitro de otro país, deberá asumir la defensa y la posición de Panamá.
Además, debe haber un tercer arbitro en el que las partes se deben poner de acuerdo para su asignación de lo contrario, el tribunal asignará uno.
El equipo que deberá representar a Panamá debe ser de "primer nivel" señala el economista.
Bustamante estima que el proceso de arbitraje puede costar entre 15 mil y18 mil millones de dólares haciendo una tendencia a la baja, contrario a lo que dijo en su momento el ministro del MICI, Federico Alfaro Boyd, quien firmó el contrato en representación de Panamá y dijo que las demandas serían por aproximadamente 100 mil millones de dólares.
Señalo el negociador arbitral que, los funcionarios nombrados por el Ejecutivo como el contralor o el ministro del Ministerio de Comercio e Industrias pudieran enfrentar demandas por negligencia, por omisión, entre otros puntos.
De acuerdo con el economista, es un proceso que apenas empieza y a pesar de todas las faltas cometidas tanto por los funcionarios públicos como la falta de 'buena fe' de la empresa minera, los ciudadanos deben someter a todos los que votaron a favor del contrato minero ante el tribunal del 5 de mayo.
Destacó que, el gobierno no tiene legitimidad ni credibilidad antes los ojos del pueblo, por lo tanto, quienes estuvieron adelante de las negociaciones "no pueden salir como representantes de Panamá" pero no será este gobierno, quien deba realizar ningún acuerdo en representación de Panamá porque no tiene "autoridad moral", dijo Bustamante.