MICI asegura que se prepara para 'fiscalizar' la operación minera

Ciudad de Panamá, Panamá/El pasado lunes 23 de octubre se pudo conocer que se había presentado una demanda inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del contrato minero, mismas demandas que ya suman cerca de cuatro hasta la fecha y una más está por presentarse.

Esto luego de que en el país se desarrollara una serie de manifestaciones que solicitaban la derogación de este contrato. Daniel Esquivel, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, señaló que desde el punto de vista legal no es posible derogarse el contrato Ley porque implicaría un arbitraje internacional inmediato.

“La Dirección de Recursos Minerales tiene actualmente su potestad de fiscalizar las operaciones mineras en cumplimiento de lo que establece el artículo 297 del Código de Recursos Minerales que es inspeccionar, fiscalizar, vigilar y dar cumplimiento a todas las obligaciones de las operaciones mineras en el país”, dijo Esquivel.

Agregó que, para esto, la Dirección de Recursos Minerales está utilizando una guía de fiscalización.

“Esa guía contiene una lista de comprobación para cada una de las actividades de la operación minera. No solo esta Dirección tiene la competencia de fiscalizar. Hay 10 entidades gubernamentales que también tienen la competencia que comprenden 5 ministerios, 4 autoridades y 1 instituto”, indicó.

De acuerdo con Esquivel, la Dirección de Recursos Minerales cuenta en la actualidad con 40 empleados y que de estos hay: 8 ingenieros geólogos, cuatro ingenieros de minas, tres ingenieros ambientales, 1 ingeniero metalúrgico, 1 ingeniero hidrogeólogo, 1 ingeniero geomático, 3 químicos y 4 abogados.

Por su parte, la Unidad de Fiscalización está integrada por 6 profesionales en ingeniería de geología, minas, metalurgia, hidrogeología, ambiental y geomático.

A la pregunta de si es posible la contratación de un ente independiente para fiscalizar la operación, el asesor dijo que esto es posible, sin embargo, en estos momentos ellos han capacitado a todo este personal con más de 30 seminarios, talleres, entre otros; que se relacionan con la capacitación para poder fiscalizar efectiva y eficazmente las operaciones mineras de una mina de esta magnitud.

“Los estamos preparando. Los hemos preparado y los seguimos preparando. No hemos terminado todavía”, puntualizó. 

El nuevo contrato concede una concesión minera por 20 años, prorrogables, a la empresa Minera Panamá y se estableció el pago mínimo de 375 millones de dólares anuales al Estado como parte de las regalías. Dentro del contrato, se eliminó el tema de la expropiación de tierras.