Propuesta que frena indemnizaciones altos ejecutivos en empresas estatales pasa a mesa técnica

Asamblea Nacional

La mesa técnica deberá rendir un informe sobre las posibles reformas al proyecto en un plazo de ocho días.

Pleno de la Asamblea Nacional.
Pleno de la Asamblea Nacional. / Foto/Archivo

Panamá/Suspendido. Así se mantendrá el segundo debate del proyecto de ley 23, que busca frenar el pago de indemnizaciones a altos ejecutivos en empresas estatales, hasta obtener en los próximos ocho días un informe de una mesa técnica.

Si bien el proyecto fue debatido en la Comisión de Comercio Comisión de Comercio y Asuntos Económicos; y contó con apoyo unánime, la propuesta fue enviada a una mesa técnica que discutirá a fondo su contenido. Esta mesa deberá rendir un informe sobre las posibles reformas al proyecto en un plazo de ocho días. La discusión del proyecto 23, impulsado por la diputada panameñista Ariana Coba, fue suspendida la noche del miércoles 11 de septiembre por el pleno de la Asamblea Nacional, a petición de varios diputados, luego de la lectura de varias modificaciones.

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Bajar la propuesta a una mesa técnica fue una decisión presentada por Coba. La propuesta modifica cuatro leyes: añade un artículo a la Ley 6 de 1997, otro a la Ley 23 de 2003, uno a la Ley 76 de 2010 y otro a la Ley 109 de 2013.

La iniciativa surge tras la polémica ocurrida a finales del gobierno pasado, cuando varios gerentes, directivos y personal cercano al partido de gobierno recibieron millonarias indemnizaciones mediante acuerdos mutuos, lo que generó el rechazo del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien calificó el acto de "juega vivo".

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Precisamente, en junio pasado, el tema estuvo en la agenda pública tras el escándalo de gerentes y directivos de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa), quienes recibieron jugosas indemnizaciones tras la aprobación de acuerdos mutuos. Seis de estos acuerdos implicaron el desembolso de casi $1 millón. Por ejemplo, el gerente general de Etesa en la pasada administración gubernamental, Carlos Mosquera, recibirá una indemnización de $249,195.96.

En ese sentido, el proyecto está dirigido a excluir del pago de indemnización por despidos, renuncias o mutuo acuerdo a los miembros de juntas directivas, trabajadores de alta gerencia, personal de confianza y cargos de la cadena de mando de alta gerencia, por ser funcionarios de libre nombramiento y remoción por periodos fijos.

Además, deja claro que los miembros de la junta directiva, el gerente general, el subgerente general, el asesor de la gerencia general, el personal de confianza y los cargos de la cadena de mando de alta gerencia no recibirán indemnización por despidos, renuncias o mutuo acuerdo al concluir el periodo de designación, al ser funcionarios de libre nombramiento y remoción por periodos fijos.

Igualmente, establece que, en el caso de que un trabajador sindical sea designado por el Ejecutivo como miembro de la junta directiva, gerente general, subgerente general, asesor de la gerencia general, personal de confianza o para los cargos de la cadena de mando de alta gerencia, se les suspenderán los derechos de indemnización por despidos, renuncias o mutuo acuerdo durante el periodo que dure su designación. Una vez concluido este periodo, al momento de reintegrarse a su cargo habitual, se le restablecerán todos los beneficios y derechos que le correspondan.

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