Martita Cornejo: 'Es un fallo glorioso'

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de sesionar de forma permanente, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron el martes 28 de noviembre, por unanimidad, un fallo que declara inconstitucional la Ley 406 que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

La abogada Martita Cornejo, quien presentó una de las demandas de inconstitucionalidad contra este contrato, manifestó que los llena de satisfacción ver que dentro del fallo se citan casi todas las argumentaciones que ellos presentaron y las violaciones a los artículos de la Carta Magna. A su vez, también se incluyeron más artículos que garantizan el derecho a la vida, al bienestar y a un medio ambiente saludable para los panameños.

"Sí creemos que es un fallo glorioso, y lo podemos llamar así, porque realmente se extendió y se explayó como esperábamos a hablar sobre el tema medio ambiental, el desarrollo económico, el derecho a la empresa privada que está protegido por nuestra Carta Magna y el derecho a la inversión", expresó.

Uno de los puntos que se señalan en el fallo es el siguiente: Si bien la República de Panamá, se ha constituido en parte del Tratado de Libre Comercio y del Tratado Bilateral de Inversión con el Estado Canadiense, al generarse la colisión de derechos económicos frente a derechos que se vinculan a la protección del derecho a la salud y a la vida, el Estado necesariamente deberá priorizar éstos últimos, tal como se prevé en el artículo 50.

De acuerdo con Cornejo, se pedía a la CSJ reivindicar el derecho del pueblo panameño a la salud, al bienestar, protección del medio ambiente y que no puede haber desarrollo económico sostenible compaginado con la destrucción del medio ambiente, por ello, la Ley de la moratoria minera es una realidad.

"Este es un gran triunfo para toda la Nación, no solo los movimientos ambientalistas. Los Gobernantes deben enfocarse que primero hay que poner por delante el derecho a la vida porque ustedes gobiernan para personas, no gobiernan para intereses económicos de trasnacionales para negociaciones que malamente creen que benefician a Panamá", destacó.

Se pudo conocer que, según el fallo, al menos 25 artículos de la Constitución de Panamá fueron violados. Cornejo señaló que en el fallo también se ha hecho un enfoque que era necesario y contundente: Mencionar que para invocar el principio de la buena fe de la inversión de esta empresa, ambos debieron actuar de buena fe.

"No puede pretenderse decir que solo ha actuado de buena fe la empresa cuando la CSJ contundentemente ha señalado que hubo un fallo en 2017 y los fallos de inconstitucionalidad son definitivos. Son de obligatorio cumplimiento. No admiten recurso alguno. Y se les dijo, claramente, que ellos debían haber pasado por un proceso de licitación de acuerdo a la Ley de contrataciones públicas vigente en 1997 y también de acuerdo al Decreto de Gabinete 267 de 1969", dijo.