¿Qué llevó a romper las negociaciones entre el Gobierno y Minera Panamá?

Según el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Federico Alfaro, la decisión tomada por el Gobierno corresponde principalmente al fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2017, que declaró inconstitucional el contrato inicial, por lo que buscaron elaborar un contrato justo y equitativo con el pueblo panameño, pero tras ocho meses de negociación esto no se pudo concretar.

Recordó que, con el contrato anterior, la empresa solo pagaba 2% de regalías y estaba eximida de pagar impuesto sobre la renta, ITBMS, e impuestos de exportación, por lo que se buscaba acordar nuevos términos y condición justos para el pueblo panameño, entendido que los recursos naturales son del pueblo panameño y son finitos.

Sin embargo, tras el acuerdo de enero, durante el proceso de redacción del contrato, la empresa empezó a hacer exigencias dentro del contrato poco razonables, como tratar de reducir los 375 millones de dólares garantizados y con los que se había comprometido, lo que empezó a estancar el proceso, no obstante, consideran que la empresa lo que buscaba era dilatar el proceso y no firmar el contrato.

“Nosotros actuamos de buena fe, eran términos razonables, nosotros concluimos que había que establecer una fecha tope para firmar el contrato, esa fecha tope fue el 14 de diciembre”, aseveró.

Alfaro afirmó que lo único que se estaba pidiendo era que la empresa reconociera el contrato firmado en enero, cuando acordó una serie de términos y condiciones, como el pago de impuestos sobre la renta, el ITBMS, el pago de otros impuestos, la tabla de regalía entre el 12 y 20 %, los 375 millones de dólares, un contrato justo para el pueblo panameño y para la empresa, porque en la media en que a la empresa le iría bien, le iría bien al pueblo.

Recalcó que, con las medidas establecidas por el Gobierno, en caso de que se cierren las operaciones laborales, se protegerá el pago de las prestaciones de los trabajadores.

En caso de que la empresa acuda a la esfera jurídica, Alfaro señaló que desde el 14 de noviembre se ha contratado a abogados nacionales e internacionales para el asesoramiento en todos los aspectos, pero durante todos estos meses han estado enfocados en llegar a acuerdos con la empresa Minera Panamá, para un contrato que represente los mejores intereses del pueblo panameño.

Considera que es inaceptable que tras once meses de negociaciones y que la empresa haya aceptado los términos, ahora dilate el proceso. Aseguró que la suspensión de las medidas tomadas por el gobierno depende de que se llegue a un acuerdo justo para el Estado.