Administradora de ARAP: Ley de pesca busca poner orden en la casa ante posibles sanciones de la UE
A la espera de una sanción por parte del Ejecutivo se encuentra la recién aprobada Ley 131, que modifica la Ley de Pesca y busca reglamentar e incentivar, la acuicultura, pesca deportiva, industrial, artesanal entre otras; pero antes de ello, aún se reciben aportes por parte de los implicados para definir si existen objeciones para su veto.
Al respecto, la administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Flor Torrijos, indicó que se trata de una oportunidad de consolidar un documento que sea lo más cerca de la perfección, por lo que es importante que aquellos que en su momento no pudieron participar en el debate, realicen sus propuestas para un debido análisis.
De acuerdo con Torrijos, una de las acciones que busca la ley, es poner en orden la casa en materia de la lucha contra la pesca ilegal, en la que Panamá ha recibido una advertencia de la Unión Europea (tarjeta amarilla), junto con otros siete países alrededor del mundo.
“Panamá requiere esfuerzos grandes para poder asegurar que no exista la pesca ilegal por parte de los barcos internacionales que entren a nuestras aguas, de nacionales que tienen que cumplir con las reglas del juego y barcos con bandera panameña en aguas internacionales”, indicó.
Torrijos sostuvo en el programa radial Mesa de Periodistas, que la presión por la pesca en Panamá, es tan grande que a diario reciben denuncias de los propios pescadores artesanales.
“En las últimas tres semanas se han dado dos incidentes de pescadores irresponsables que se acercan a la línea de una embarcación que es la que tiene la línea con los ganchos y es responsable y legitima y se la cortan llevándose todo el producto que han pescado”, explicó.
En estos momentos la ley solamente regula de manera eficiente a la pesca industrial, tanto internacional como nacional, sin embargo, al día de hoy es importante regularlas a todas, según Torrijos.
De no realizar estos esfuerzos, la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea pasará a roja, una prohibición comercial, que pone en riesgo a Panamá y no solo afectará al segundo producto de exportación como lo es el camarón, sino también a 35 mil familias de manera directa.