¿Por qué es apremiante una reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal Social?

Ciudad de Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó en el Consejo de Gabinete un anteproyecto para modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal Social, al mismo tiempo presentó un proyecto de ley que busca establecer un periodo de moratoria de 2 meses para el pago de impuestos y que en los próximos días será presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Camilo Valdés, de la Dirección General de Ingresos (DGI), explicó que el proceso de reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal Social es apremiante, porque las calificadoras de riesgo y las organizaciones multilaterales toman mucho en consideración este tema y es la razón principal por la cual se ha tomado la decisión en este momento.

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Según explicó Chapman, actualmente la ley establece topes para el déficit fiscal, pero ahora con esta reforma se busca que contemple eventos adversos que el país ha vivido en el último quinquenio, lo cual no se contempló cuando se creó la ley en 2008.

En los últimos años, eventos como la pandemia por covid-19, cambios climáticos extremos como la sequía, por ejemplo, que afectó significativamente las operaciones del canal de Panamá. Incluso, también se puede mencionar el cierre de la mina que resultó en la rebaja del grado de inversión.

De acuerdo con Chapman, este tipo de situaciones generan una reacción en la economía y generan desaceleración del crecimiento económico. Ahora, la reforma aprobada busca que se creen espacios de reacción para que el fisco pueda tener una estrategia “contracíclica ante eventos adversos”.

¿Cómo beneficiará a los ciudadanos?

De acuerdo con Valdés, los ciudadanos del país serán beneficiados por las reformas a la ley, ya que mandará un mensaje de confianza, transparencia y de buenas prácticas en el manejo de la cosa pública, sobre todo en lo relacionado a los fondos públicos.

Proyecto de moratoria

Valdés recordó que los ingresos tributarios vienen en declive desde el gobierno del exmandatario, Juan Carlos Varela. Sin embargo, en el gobierno anterior, de Laurentino Cortizo, la caída fue estrepitosa.

Así las cosas, al ejercicio fiscal 2024, hay una morosidad acumulada de $3,200 millones, de tributos que no han sido honrados o pagados por más de 4,917 contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas. 

Hay una evasión fiscal que no se puede esconder, sobre todo en los impuestos al consumo, según lo expresado por el actual gobierno. Valdés puso como ejemplo el Itbms donde se registra una evasión importante, y se está trabajando para poder controlarla y fiscalizar adecuadamente. Al igual del impuesto selectivo al consumo.

En cuanto al proyecto de moratoria, el mismo contempla las áreas de renta, patrimonio y consumo. La moratoria sería aplicada del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

También abarca el pago de aviso de operaciones, impuesto de inmueble, ITBMS, impuesto selectivo al consumo y tasa única de personas jurídicas.

De acuerdo con Valdés, la propuesta está diseñada para condonar tanto intereses como recargo por mora a cambio del 100% del nominal que algunos contribuyentes deben en el pago de tributos. Se indicó que la morosidad al Estado ronda los 3,210 millones de dólares, y se tiene la expectativa de recaudar un 15% de esta morosidad. 

¿Cómo se detecta la evasión?

El director general de Ingresos detalló que se está utilizando mucho la tecnología y la inteligencia artificial para dar trazabilidad y seguimiento a los contribuyentes, dentro del marco de la Ley.

Los evasores se detectan a través de información que arroja la facturación electrónica, pues allí se refleja el comportamiento de los diferentes contribuyentes y de esa manera se procede, dentro de las facultades, a realizar auditorías y fiscalizaciones correspondientes.