Juzgado de Guatemala decreta embargo de jet propiedad de la familia Martinelli para investigación
Ricardo Martinelli
El Juzgado de Extinción de Dominio de Guatemala decretó el embargo de un jet propiedad de la familia panameña Martinelli Linares, como medida precautoria para dar inicio a la investigación de la Fiscalía de Extinción de Dominio, confirmaron fuentes de entero crédito a TVN Noticias.
Ministerio Público de Guatemala podría solicitar que dicho jet pase a manos del Estado si se llega a determinar posibles anomalías en su adquisición.
Medios de comunicación de Guatemala señalan que la medida fue dictada el pasado 2 de septiembre, por lo que se espera que la Fiscalía presente una solicitud de extinción de dominio.
Este jet fue secuestrado por las autoridades el 26 de febrero, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, de ciudad de Guatemala.
La detención de la aeronave con matrícula N799RM fue retenida por las autoridades guatemaltecas cuando Marta Linares de Martinelli, la esposa del exmandatario Ricardo Martinelli, viajó a Guatemala para visitar a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, detenidos por una solicitud de extradición de Estados Unidos.
En agosto pasado se autorizó la extradición de Luis Enrique Martinelli a los Estados Unidos.
En el caso de Ricardo Alberto Martinelli Linares, aún está pendiente de que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala resuelva un amparo para proceder o no con la extradición.
El caso de extradición
En julio del 2020, en el aeropuerto Internacional de La Aurora en Guatemala, fueron detenidos hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República Ricardo Martinelli.
Los hermanos Martinelli Linares fueron aprehendidos cuando intentaban salir de Guatemala en un vuelo privado supuestamente hacia Panamá, por un pedido de las autoridades de Estados Unidos donde se les señala por supuesto lavado de dinero, ligado específicamente al caso Odebrecht.
La acusación del Departamento de Justicia de EEUU indica que los hermanos fueron intermediarios en el pago de 28 millones de dólares por parte de la constructora brasileña a un exfuncionario de alto rango en la administración del 2009 al 2014.
