Fiscalías electorales tienen competencia para investigar la no entrega de información en juntas comunales, asegura exfiscal

Ciudad de Panamá/El exfiscal electoral, Boris Barrios, instó a las autoridades locales, que no han recibido informes financieros de las autoridades que reemplazan, a presentar las denuncias correspondientes por delito de incumplimiento de deberes, a razón de que el proceso electoral no ha cerrado y las fiscalías electorales tienen competencia para tratar este tipo de casos.

Barrios afirmó que la la Ley de Transparencia obliga a las autoridades locales presentar informes, pero se rigen por la Ley de Contraloría para justificar gastos y como este ente no exigía la justificación de gastos quedaron libres y nunca hicieron los informes correspondientes.

A consideración del exfiscal, si las autoridades no presentan las denuncias que corresponden se estarían haciendo cómplices de la situación, a sabiendas de que hay irregularidades.

Muchos de ellos nunca pensaron entregar sus despachos, siempre pensaron que iban a ser reelectos, pero esta vez la sociedad no los reeligió y el problema que ahora tienen es que no tienen informes que entregar". — Boris Barrios - Fiscal electoral

Unas 10 juntas comunales a nivel nacional han hecho público el mal estado en el que han recibido las estructuras de estos gobiernos locales. Han denunciado la falta de informes financieros, planillas con "botellas", la eliminación de las redes sociales y la falta de documentos.

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“La norma dice que el Tribunal Electoral cierra el proceso cuando se resuelve la última impugnación y todavía las hay". "Se van a salir con la suya si los nuevos representantes y alcaldes no hacen su parte de adecentamiento, exigir la transparencia y presentar las denuncias correspondientes”, advirtió Barrios.

Afirmó que los alcaldes y representantes nuevos ni siquiera tienen que comprometerse a comprobar nada, puesto que el peculado es un proceso perseguible de oficio que se sigue solamente presentando la denuncia. “Aquí se trata de presentar denuncias penales”, recalcó.

Aseveró que durante este proceso electoral alcaldes y representantes utilizaron la metodología de comprar maquinaria, no justificaron los gastos e incluso la pusieron a nombre de familiares y amigos, para quedarse con los bienes del Estado.