Jueza decreta 14 detenciones provisionales en la operación 'Alpes'

Panamá/La jueza de garantías de la provincia de Los Santos, Tamara Alvarado, reanudó la mañana de hoy, lunes 22 de enero, la audiencia de medidas cautelares personales para los ciudadanos que se encuentran imputados como presuntos autores de los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales, en la denominada operación “Alpes”.

Dentro de esta causa penal, la jueza Alvarado, luego de valorar los argumentos de los intervinientes, ha decretado hasta el momento 14 detenciones provisionales, fundamentando su decisión de imponer la medida cautelar de restricción de la libertad, al considerarlas que eran necesarias y proporcionales a la naturaleza y gravedad del hecho; además de la existencia de los riesgos procesales de peligro de fuga o desatención del proceso, afectar medios de pruebas y peligro para la comunidad.

Igualmente, la juzgadora, aplicó una medida cautelar distinta a la detención provisional para una de las imputadas dentro de este proceso, y por consiguiente le ordenó el reporte periódico tres días a la semana, la prohibición de salida del país, la prohibición de comunicarse con cualquier otro imputado y no cambiar su domicilio. A esta ciudadana, la juzgadora le decretó su libertad inmediata.

Ante las medidas cautelares impuestas por la jueza de garantías, los defensores anunciaron recurso de apelación, fijándose la mayoría de las audiencias ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial para el próximo jueves 25 de enero, a las 9:00 a.m.

La juzgadora inició sin contratiempos la sesión de hoy a las 9:00 a.m. y culminó a las 4:30 p.m.

La audiencia se reanuda hoy martes, a las 8:30 a.m., con la continuación de la audiencia de medidas cautelares personales para el resto de los imputados. Dentro de esta causa penal ya se han validado 23 acuerdos de pena.

La denominada operación “Alpes”, tuvo como propósito desarticular una presunta organización delincuencial que se dedicaba a supuestas actividades ilícitas, en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos.