Caso Vigas MOP: Derrota electoral, el efecto que causó la desaparición de las vigas H

El escándalo por la desaparición de las vigas H para los trabajos de rehabilitación del puente de Las Américas, tuvo su punto de quiebre a partir de la pérdida electoral el pasado 5 de mayo, lo que provocó que el material en vez de ser utilizado para proyectos de juntas comunales terminase comercializado como chatarra en empresas de reciclaje.

 La Fiscalía Anticorrupción representada ante el Tribunal de Garantías, por la fiscal Adela Cedeño narró cómo el exrepresentante de Veracruz en el distrito de Arraiján, Ronald González, hoy en día con detención provisional; se las ingenió para deshacerse de las vigas a cambio de miles de dólares.

Según lo relatado por la fiscal, un colaborador de la junta comunal de Veracruz declaró ante el despacho fiscal que luego de la derrota electoral el pasado 5 de mayo de 2024, González manifestó que había que vender todo [el material que se encontraba en la junta comunal]; uno de estos eran 60 vigas H que habían sido retiradas en abril de 2024, en el lote de Farfán, lugar donde el Ministerio de Obras Públicas (MOP), tenía estas estructuras de metal.

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 ¿Por qué una junta comunal tuvo acceso a las vigas? La representante del Ministerio Público explicó al juez de garantías que mediante información suministrada por el MOP, bajo un contrato del año 2010 suscrito con la empresa MLS Global S.A., el uso de las vigas valoradas en $3 millones tendrían como finalidad utilizarlas para trabajos de rehabilitación de súper estructuras del puente de las Américas; sin embargo, mediante una adenda se cambiaría el propósito del uso de las vigas H, al de proyectos de puentes y otros de juntas comunales y de las regionales del MOP.

Los señalamientos contra González se basan en declaraciones de algunos de los representantes legales de las empresas recicladoras en donde el propio González, aun teniendo su cargo de representante, fue a consultar cuánto dinero le daban por las vigas H, que originalmente fueron solicitadas para la construcción de un nuevo puente en la comunidad de La Represa, tal como constan en notas que reposaban en la junta comunal.

Representantes de la empresa recicladora, contaron a la fiscalía que de las negociaciones de compra y venta por las vigas H recibieron 54, presuntamente relacionadas con González, y en una línea de tiempo fueron entregadas por los secuaces del exrepresentante entre el 31 de mayo al 4 de junio. Durante ese mismo período se iban dando los pagos que oscilaban de $3 mil a $6 mil, el acumulado registrado por el Ministerio Público ha llegado a contabilizar el total de 38 mil 750 dólares que recibieron de distintas empresas recicladoras que compraron dichas estructuras.

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Todas las transferencias de dinero iban dirigidas a una cuenta bancaria de un exfuncionario de la Presidencia y que hoy labora en la Caja de Seguro Social, se trata de Víctor Pitti, que la fiscalía lo describe como un cómplice primario para la presunta comisión de delito de peculado doloso agravado, por prestar su ayuda al exrepresentante que es señalado como autor del presunto delito de peculado doloso agravado.

Otro de los hechos que destacó la fiscal Cedeño contra Pitti es que, a parte de recibir los dineros por la venta de las estructuras de metal, el hoy imputado hizo pagos mediante plataformas digitales por la suma de 600 dólares, que era la tajada que recibió uno de los agentes de seguridad que estaba en el lote de Farfán, al momento que retiraron las vigas.

Fueron más vigas.

Durante el acto de audiencia, la fiscal también reveló que el exrepresentante de Veracruz, se llevó más de 60 vigas H. Esto lo sustenta con la declaración de Roy Ovando, exconductor de la junta comunal, que le contó a los agentes del Ministerio Público que para finales de abril de 2024, estaba presente en la reunión con funcionarios del MOP con el objeto de solicitar las 60 vigas, pero él, al momento que las fueron a retirar, sacaron 200, además, de materiales como tubos y planchas de metal, todo esto en contubernio con el agente de seguridad que custodiaba el lote.

Las pesquisas de la fiscalía también han logrado confirmar que otras 18 vigas H ubicadas en el lote baldío en Howard, distrito de Arraiján presuntamente se encuentran relacionadas al exrepresentante González, ya que, tras la declaración de Adolfo Valderrama, propietario del lote manifestó al despacho fiscal que en una ocasión González lo contactó para solicitarle permiso de dejar las vigas en su terreno.

Por su parte, la fiscal Anilú Batista en la audiencia de medidas cautelares dijo que las vigas H no eran cualquier vigas H sino que tenían especificaciones como la medida 45 pies de largo, ya que, al principio estaban destinadas para trabajos en el puente de las Américas. Sin embargo, en algunas de las diligencias efectuadas en empresas de reciclaje en Río Abajo encontraron varias vigas prácticamente cortadas en trozos.

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“Las vigas no eran para ser vendidas como chatarras", dijo la fiscal y agregó que en el caso de Ronald González han acreditado su relación a más de 100 vigas H que fueron sacadas de manera irregular del lote de Farfán. También señaló que han establecido que cuatro empresas de reciclaje se han encontrado parte de las 600 vigas H y están claros que, para la movilización de estas, se necesitaba una cantidad de personas y equipos, por lo que mantienen orden de aprehensión contra otras personas para que respondan por la desaparición de este material de metal.

Tras los señalamientos por las fiscales, el juez de garantías Erick Méndez ordenó la imputación de cargos y la medida cautelar de detención provisional para González y Pitti por la gravedad del delito, además que considera que los hechos que se investigan han causado un daño a la sociedad.

El juez también ordenó la revisión médica de ambos imputados por médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ya que, los abogados Anibal García y Carlos Herrera Delegado, defensas legales de González y Pitti respectivamente, manifestaron que sus defendidos mantienen una situación de salud delicada para estar recluidos en un centro penitenciario. Los abogados apelaron la decisión de las medidas cautelares y la audiencia fue fijada para el próximo 10 de octubre a las 8:30 de la mañana, ante un Tribunal Superior de Apelaciones. 

 Roy Ovando también es otro de los imputados y se encuentra con medida de detención provisional. El pasado 5 de septiembre las autoridades del MOP presentaron la denuncia formal ante el Ministerio Público, al proceso también se acumuló una denuncia interpuesta por el abogado Abdiel González, el pasado 16 de septiembre contra el exministro Rafael Sabonge por la presunta comisión del delito de omisión de sus deberes como servidor público.