Víctimas de "pinchazos" reaccionan por acusaciones contra Martinelli
Las reacciones de algunos de los afectados por las interceptaciones telefónicas, solicitadas de manera directa por el expresidente de la República de Panamá y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Ricardo Martinelli, no se hicieron esperar.
La exvicealcaldesa y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, quien denunció en múltiples ocasiones las acciones del exmandatario panameño, señaló a TVN Noticias que fue notificada el día jueves, 8 de octubre, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de las acusaciones que realizó el magistrado fiscal, Harry Díaz en contra de Martinelli.
Fui notificada como víctimas de Martinelli y nos alegramos porque fuimos a una audiencia, se nos indagó y nos ratificamos en todo”, señaló Herrera.
Balbina, considera que ante la situación en la que se encuentra el expresidente Martinelli, debería regresar a Panamá, “que venga, que no ponga más situaciones engorrosas, la mitad de su gabinete está detenido e incluso familiares allegados a él [Martinelli], salen todos los lunes a pedir por su causa y que deje de estar dándose la vida placentera”.
Según Herrera, sin importar en el país que se encuentre el expresidente Martienlli, no puede estar tranquilo.
No importante en el país que estés, no puedes estar contento porque la felicidad la tiene uno dentro y en esto momentos él [Martinelli] no puede ser un hombre feliz”.
Reacción de Miguel Antonio Bernal
Para el jurista y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal, el magistrado fiscal, Harry Díaz, “debe actuar en apego a la ley”, sobre todo “a la constitucionalidad de la aprehensión y conducción, que es lo que cabe”.
Según Bernal, el magistrado Harry Díaz, se quedó “corto”, con la solicitud de la alerta azul emitida a la DIJ, a fin de conseguir mayor información sobre el paradero del exmandatario.
El magistrado fiscal, se ha quedado corto con la alerta azul, la alerta debió ser en todo caso rojo intenso”, señaló Bernal.
Abogados cuestionan actuación de Díaz
El abogado Ernesto Cedeño cuestionó la actuación del magistrado Díaz, toda vez que asegura que está "inventando procedimiento" y dijo que no es aconsejable esa práctica en un estado de derecho.
Cedeño indica que en el caso del diputado del Parlacen Ricardo Martinelli, no se hará audiencia de imputación de cargos, aplicando el procedimiento especial que no contempla ese proceso.
"No aplicarán al parecer el procedimiento general como aplicó la Asamblea Nacional en el caso del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, sino que se dará paso a la audiencia de formulación de acusación", comentó.
En el caso de investigaciones contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los diputados hacen audiencias de imputación de cargos, aplicando la regla general del Código Procesal Penal.
En tanto, el abogado Sidney Sittón, defensa de Martinelli señaló que el Código Procesal Penal tiene 27 principios que deben ser atendidos por todos los fiscales y jueces.
"El principio cinco dice taxativamente que no puede haber acusación sin imputación previa, todo lo actuado es nulo, ya que no le ha dado oportunidad de defenderse", señaló Sittón.
Elementos encontrados durante la investigación
En el escrito de acusación presentado por el magistrado fiscal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz, explica cómo desde la sede del Consejo de Seguridad Nacional, en el corregimiento de Ancón, funcionarios, por órdenes del expresidente Ricardo Martinelli, realizaban las interceptaciones telefónicas a múltiples ciudadanos.
Los elementos acusatorios del fiscal Díaz, están basados en las investigaciones que realizó para recabar pruebas que vincularan al expresidente Martinelli, contra el delito de las escuchas telefónicas, revelando que encontró “suficientes pruebas” que lo vinculan como "autor" y responsable de las acusaciones en su contra.
Según las pruebas recabadas por el magistrado fiscal, Martinelli, realizaba las interceptaciones con los recursos del Estado, en contra de activistas políticos, dirigentes sindicales, abogados, gremios educativos, grupos de la sociedad civil y médicos, lo que demostraba la constante violación a la intimidad y derechos humanos de los panameños.