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Tribunal Superior de Apelaciones confirma decisión de juez de garantías en caso de armas
El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá del Sistema Penal Acusatorio (SPA), confirmó las medidas cautelares personales proferidas por un Juez de Garantías, a ocho ciudadanos imputados por la supuesta comisión del delito Contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos.
El tribunal está integrado por los magistrados Giovannina Antinori, Carlos Rivas y Yiles Pittí, quienes luego de escuchar a las partes intervinientes, resolvieron los cincos recursos solicitados por las Defensas Técnicas Particulares y negaron la solicitud de cambio de medidas cautelares, al considerar que no les asiste razón a los defensores en los recursos presentados.
Mientras que al momento de entrar a analizar la solicitud de apelación presentada por el Ministerio Público, la decisión de los magistrados se basó en que la fiscalía no logró sustentar la magnitud, ni la gravedad del riesgo de afectación de medios de prueba a efectos de obtener el cambio de la medida cautelar de retención domiciliaria por la de detención provisional.
Así como que dicho riesgo se ve salvaguardado por las medidas que fueron impuestas en primera instancia.
La decisión del juez de Garantías, Erick González fue apelada por el Fiscal Emeldo Márquez Pittí, al igual que por los Defensores Técnicos Particulares, Licenciado Julio Macías, Licenciada Marcela Araúz, Licenciado Johan Barrios, Licenciado Rosendo Miranda y Licenciado Víctor Alvarado.
Para la audiencia virtual, también concurrieron los abogados Gustavo Bailey, Luis Eduardo Camacho y Nicolás Brea.
El pasado 16 de julio de 2020, el juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Erick González, decretó las medidas cautelares personales de prohibición de salida del país y retención domiciliaria a seis ciudadanos, mientras que a otros dos, se le impusieron las medidas de reporte periódico el primer y tercer jueves de cada mes y la prohibición de salida del país.
El hecho tuvo su origen en 2019 y guarda relación con una investigación denominada “Operación Furia”, que realiza el Ministerio Público dentro de un presunto caso contra la Seguridad Colectiva.
