Tribunal de Apelaciones concede prisión domiciliaria a la exdefensora Patria Portugal

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, revocó la decisión de un Juez de Cumplimiento, quien negó la solicitud de sustitución de la pena de prisión a la exdefensora del Pueblo Patria Portugal, sancionada por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, y en su lugar le aplicó temporalmente por el término de cuatro meses la pena de prisión domiciliaria.

El Tribunal colegiado fundamentó su decisión luego de escuchar las argumentaciones tanto de la defensa técnica particular, como de la representante del Ministerio Público, a fin de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses evalúe a la hoy sancionada y envíe al Juez de Cumplimiento un informe concluyente sobre la base del artículo 108 del Código Penal, para establecer si puede o no cumplir la pena impuesta de 96 meses de prisión en un centro carcelario.

Luego de esto, se deberá realizar una nueva audiencia ante el Juzgado de Cumplimiento, para determinar lo que en derecho corresponda.

Este proceso tuvo su origen en 2012, cuando la hoy sancionada, en funciones de defensora del Pueblo, celebró un contrato de consultoría con una empresa sin experiencia para el rediseño de la página web de la institución y propició una malversación de fondos en la entidad pública que dirigía.

Destituida y condenada

Patria Portugal fue destituida por la Asamblea Nacional en agosto de 2013, luego de ser acusada por sobrecostos e irregularidades en la contratación directa de dos empresas. Estas contrataciones estaban relacionadas con el rediseño de la página web de la institución y una consultoría de cambio de imagen.

Las investigaciones revelaron que, en abril de 2011, la exdefensora firmó un contrato por un valor de 249,845 dólares para el rediseño de la página web. Además, en julio de 2013, se realizó otra contratación por un monto de 199,983 dólares para capacitaciones del personal.

La Fiscalía logró demostrar que Portugal llevó a cabo estas contrataciones directas sin una justificación válida, alegando "urgencia evidente". Esto permitió el desvío de fondos de la entidad, y también permitió que una empresa sin experiencia comprobada fuera contratada por el Estado para esa labor, pese a contar con personal capacitado y con experiencia en la institución.

Luego de un largo proceso penal que se extendió hasta agosto de 2020, la exfuncionaria fue declarada culpable del delito de peculado. En septiembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la sentencia de 96 meses de prisión.

En diciembre de 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud de aclaración de la sentencia al determinar que el recurso era improcedente. De esta manera, se mantuvo la condena emitida por el Juzgado Liquidador Octavo Penal, que condenó a Portugal por peculado agravado en perjuicio de la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente, en septiembre de 2023, un juez de cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá rechazó la solicitud de prisión domiciliaria por no considerarla viable durante la audiencia realizada el pasado viernes 29 de septiembre.