Con testaferros y funcionarios: así funcionaba la red criminal investigada en la 'Operación PTY', según la fiscalía

Ciudad de Panamá, Panamá/Una estructura basada por testaferros y sociedades anónimas han sido las principales figuras que ha detectado la Fiscalía Primera de Drogas para sacar de circulación a un presunto grupo criminal a través de la operación PTY, donde datos revelados por la fiscalía, se calcula que manejaban un caudal de más de un millón de dólares entre cuentas bancarias y bienes inmuebles.

Los detalles fueron develados durante las audiencias de garantías (imputación y medidas cautelares) ante el juez de garantías, Manuel Lezcano García; donde el fiscal de Drogas, Joseph Díaz manifestó que una de las principales características de las 11 personas bajo investigación ha sido que principalmente han actuado como testaferros con la finalidad de ocultar los dineros provenientes de actividades relacionadas con sustancias ilícitas y pandillerismo. 

El fiscal Díaz, también enfatizó que por medio de siete sociedades anónimas repartidas entre los 11 procesados, Ezequiel Alarcón, alias “Zequi” uno de los cabecillas según la fiscalía, consiguió acumular fincas y apartamentos en sectores de Costa Esmeralda, San Carlos, Pedregal, Punta Chame y en El Valle de Antón.

Díaz, fue desmenuzando para el Juez de Garantías el resultado de las pesquisas que iniciaron en marzo de 2022; sobre Francisco Rodríguez, quien es señalado como uno de los que posiblemente recibió dinero de las actividades ilícitas de Alarcón para adquirir una finca por el monto de $70 mil, en la comunidad de Capirita, en El Valle de Antón, provincia de Coclé.

Otro de los investigados es Giancarlo Medrano, que dicho por la fiscalía, dentro del supuesto grupo criminal hacía de “presta nombre” para la recepción de dineros con origen ilícito para la adquisición de un apartamento de lujo por $400 mil en el PH Costa Esmeralda, ubicado en el distrito de San Carlos en Panamá Oeste.

Sobre la compra de dicho apartamento, el fiscal detalló la vinculación de Yaribeth Medrano que presuntamente receptó dinero de alias “Zequi” y Jorge Zurita, este último es definido por los investigadores como otro de los cabecillas del supuesto grupo criminal.

La fiscalía mencionó a Aylín Ortega como posible actora de testaferro alegando que recibió recursos económicos para la compra de una finca en Coronado.

Otros de los procesados es Asher Melamed, que figura como supuesto testaferro; es oriundo de Veraguas y se dedica a la cría de porcinos. El fiscal Díaz dijo que a través de una empresa en el distrito de Santiago, habría recibido dinero procedente de delitos relacionados con drogas.

Emprendedoras y funcionarias dentro de la trama

Uno de los nombres más sonados dentro de la investigación es el de Caridad Hurtado, popularmente conocida como “Caridad Kanelón” activista de la juventud del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que se codeaba con diputados del oficialismo y ministros de Estado.

Sobre sus posibles nexos en los hechos que se investigan contra Hurtado, habría recibido dineros de Zurita, por medio de la sociedad Mujeres Bellas y que supuestamente parte de ese dinero se utilizó para la compra de una finca en Pedregal por $99 mil. El fiscal también indicó que a Hurtado se le han ubicado dos cuentas bancarias sumando un total de $400 mil; por lo que dicha actividad financiera sustentada por Hurtado, no guarda compatibilidad con su realidad económica.

En las redes sociales “Caridad Kanelón” se promociona como una emprendedora con salas de belleza Mujeres Bellas, Spa Mujeres Bellas, Cevichería Kanelon, Natha Barber Shop y prendas Caridad Kanelon.

En el caso Rubianesa Baker Costarelos, que hasta el pasado miércoles 19 de abril, cuando se informó de su aprehensión era funcionaria del Ministerio de Gobierno.

El rastreo de la fiscalía la posicionan en hechos de presunto blanqueo de capitales por haber usado el dinero ilícito para la compra de bienes inmuebles en Colón y Costa del Este.

Baker Costarelos tenía funciones en la Dirección Contra la Delincuencia Juvenil y con otros negocios lograba ingresos por $2 mil 300 al mes.

De lo encontrado por el fiscal Díaz, también manifestó que Yazmín Almengor, quien es funcionaria de la Junta Comunal de Mateo Iturralde de San Miguelito; se establece la figura de testaferro al recibir dinero de Zurita, presuntamente pasaban a través de una cevichería y una tienda conocida como Bisutería Yazmín.

Con esta línea de investigación la fiscalía ha concluido que dichos fondos de supuesto origen ilícito, fueron empleados para comprar un apartamento en Villa Lorena, valorado en unos $19 mil y una propiedad en zonas exclusivas cerca de las costas en Chame, con un valor de $85 mil.    

Josefa Almengor, según se mencionó en la audiencia es analista de compras en el Instituto Panameño de Deportes, y presuntamente su participación tiene que ver con el ocultamiento de dinero de la red criminal.

Tras las averiguaciones de la fiscalía del supuesto dinero mal habido, Almengor adquirió carros de segunda para crear una flotilla de taxis. Hasta el momento no se ha emitido alguna información de la entidad sobre la situación laboral de Almengor.

En el acto de audiencia además se describió la posible participación de la contadora pública y funcionaria del Ministerio de Educación, Margarita García. Sobre ella las autoridades señalaron que como contadora permitió posibles actos de blanqueo de capitales a través del manejo de cuentas de varias sociedades ligadas a este proceso.

Con estos elementos de convicción expuestos por la fiscalía, el juez Lezcano accedió a la imputación de cargos contra las 11 personas, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Sobre las medidas cautelares impuestas por el juez, ordenó la detención provisional para siete personas, la retención domiciliaria contra otras 2 ciudadanas por razones humanitarias. Para otras dos personas impuso las medidas de reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país y de la provincia de Panamá, se informó en una nota de prensa del Órgano Judicial.

También se informó que el próximo 3 de mayo, a las 8: 30 de la mañana fue programada una audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones por la inconformidad de abogados de la defensa legal, por las medidas cautelares impuestas.