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Surgen interrogantes sobre quién debe ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia
Tras designación de nuevos magistrados ¿Quién será el nuevo Presidente de la Corte Suprema?
Hay relevos en el máximo poder judicial y la pregunta que muchos se hacen es ¿Quién será el próximo Presidente de la Corte Suprema de Justicia? juristas coinciden en que hay que darle un nuevo giro a la administración.
“No puede ser de ningún, porque ya tuvieron la oportunidad. Muchos de ellos tienen 6,7 y 8 años de estar ahí y no hicieron los cambios que necesitaba y reclamaba el país”, destacó el abogado Carlos Herrera Morán.
El próximo 2 de enero del 2020 se debe escoger al nuevo Presidente de la Corte Suprema. Cualquier magistrado puede postularse o ser postulado. Se requerirán 5 votos a favor de los 9 que componen este órgano.
El pasado lunes 25 de noviembre Maribel Cornejo, María Eugenia López y Carlos Vásquez Reyes fueron designados por el presidente Laurentino Cortizo. Ahora deben ser sometidos a consideración de la Asamblea Nacional.
De los 6 magistrados restantes, tres fueron nombrados por el expresidente Juan Carlos Varela y tres designados por el exmandatario Ricardo Martinelli.
Para el abogado Ernesto Cedeño, “un mensaje debería ser que entre los nuevos buscar esa junta directiva que le diga al país que van diferente, con un mensaje esperanzador. Hay que ver si hay la voluntad de postularse o de apoyar un sendero diferente que fortalezca la imagen de la Corte Suprema en la sociedad”.
A juicio del presidente del colegio de abogados, Juan Carlos Araúz, los magistrados deben retomar una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo.
“Yo creería que entre los nuevos magistrados debiese estar por lo menos parte de esa nueva junta directiva. Entendiendo que el reto que deben transmitir está en la confianza y en la credibilidad”, afirmó Araúz.
Entre las tareas pendientes de la próxima junta directiva de la Corte están: recuperar la confianza de los ciudadanos ante la percepción de impunidad, un mayor presupuesto judicial, reformas a leyes y procesos, mejorar los tiempos de respuesta y disminuir el histórico arrastre de la mora judicial.
