Solicitan llamamiento a juicio para 18 personas por caso ‘Piso y Techo’
El Ministerio Público (MP) informó la mañana de este viernes 3 de marzo que la fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó llamamiento a juicio para dieciocho personas y sobreseimiento provisional para una persona por el caso conocido como “Piso y Techo”.
La investigación “Piso y Techo” es seguida por el fiscal Javier Mitre Burgos de la fiscalía Anticorrupción de Descarga y consiste en la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública en perjuicio del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
El posible perjuicio al Estado es por más de 1.5 millones de dólares en el programa Piso y Techo, llevado a cabo a través de contratos en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), en el gobierno liderado por el expresidente Ricardo Martinelli.
De acuerdo a una pesquisa de la Fiscalía de Cuentas, la investigación se inicia luego que un auditoría de la Contraloría, enviada a la Fiscalía de Cuentas, detectó irregularidades en el manejo de fondos públicos, las órdenes de compra de los materiales de construcción y contratos que se cobraron pero no se cumplieron ni se prestó el servicio.
No se evidenció entrega de materiales de construcción y servicios de transporte en tres órdenes de compra que fueron emitidas por un monto de 420 mil 213 dólares con 45 centésimos.
En otras 24 órdenes de compras por un millón 112 mil 300 dólares, que se hizo para transportar materiales, se concluyó que el servicio no fue prestado. En el inventario físico a las sedes regionales del Miviot de Chiriquí y Darién, hubo un faltante de 35 mil 523 dólares con 12 centésimos.
De igual modo, en este mismo caso, mediante providencia del 22 de febrero de 2017, se dispuso la medida cautelar de detención provisional contra dos (2) de los imputados, que nunca comparecieron al Despacho, a pesar de tener pleno conocimiento que se requería su presencia.
Todos los imputados enfrentan los presuntos delitos de peculado y corrupción de servidores públicos contenidos dentro de los delitos Contra la Administración Pública.