Sala Penal no admite recurso en caso radares y llama la atención al Segundo Tribunal

Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema decidieron mantener el sobreseimiento provisional de la investigación por peculado en el caso de compra de 19 radares a Finmeccanica, pero a la vez hicieron un llamado de atención a sus subalternos del Segundo Tribunal Superior por haber concedido un recurso de casación al exministro de Seguridad, José Raúl Mulino.

Mulino presentó el recurso de casación luego que el Segundo Tribunal cambió la decisión del caso de radares de sobreseimiento definitivo a provisional.

El Juzgado Quinto Penal había dictado un sobreseimiento definitivo en el año 20018, lo que cerraba el caso por completo.

Sin embargo, la fiscalía anunció apelación y el Segundo Tribunal cambió a sobreseimiento provisional, lo que deja la posibilidad de reabrir la investigación cuando surjan nuevas pruebas.

Ante este escenario, el exministro de Seguridad interpuso una casación y el Segundo Tribunal lo concedió, enviando el expediente a la Sala Penal de la Corte.

Ahora, la Sala Penal de la Corte en fallo del 24 de agosto de 2020 resolvió no admitir la casación porque Mulino no está imputado y porque además la ley establece que ese recurso solo puede ser presentado cuando se dicta un sobreseimiento definitivo.

Y como ya se dijo, el Segundo Tribunal otorgó fue un sobreseimiento provisional.

Segundo Tribunal actuó contrario a derecho

El fallo de la Sala Penal tuvo como ponente al magistrado José Ayú Prado, y fue avalado por sus colegas Maribel Cornejo y María López, quienes advirtieron de las fallas del Segundo Tribunal al conceder la casación a Mulino.

"Esta Sala hace un llamado de atención al Segundo Tribunal Superior de Justicia, pues las falencias aquí señaladas debieron ser objeto de una negativa en la concesión del recurso", señala el fallo.

Agregaron que "el Segundo Tribunal afirmó de manera errada que la resolución es susceptible de ser atacada por esta vía, lo cual, como se ha visto, es contrario a derecho".

Instaron a los magistrados del Segundo Tribunal a verificar con rigurosidad, los recursos interpuestos.

En este caso, se formularon cargos y se tomó declaración indagatoria al exministro Mulino y al exviceministro de Seguridad, Alejandro Garuz.

Sin embargo, esas indagatorias fueron anuladas por un amparo de garantías constitucionales que concedió la Corte Suprema, alegando que la Fiscalía les formuló cargos cuando ya había vencido el plazo de investigación.

Por eso, Mulino y Garuz no están imputados y este caso se mantendrá en un archivo temporal (sobreseimiento provisional).