Procurador González estima 'no viable' demanda de inconstitucionalidad presentada por abogada de Martinelli
La Procuraduría de la Administración justificó su posición sobre la acción de inconstitucionalidad mediante varios argumentos.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, estimó no viable la demanda de inconstitucionalidad promovida por la abogada, Nadia Castillo, en contra de la Resolución Indagatoria No. 01 de 30 de junio de 2020, por la cual se formularon cargos penales al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expedida por la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada.
La demanda presentada por Castillo, representante legal de Martinelli, hacía referencia a las alegaciones de violaciones a derechos constitucionales relacionados con el principio de especialidad en extradición.
La Procuraduría de la Administración justificó su posición sobre la acción de inconstitucionalidad mediante varios argumentos clave:
- Inviabilidad de la demanda: La Procuraduría sostiene que la demanda no es viable porque los puntos en controversia ya han sido debatidos y decididos en el proceso penal correspondiente. Se argumenta que la acción de inconstitucionalidad no debe ser utilizada como un medio para reexaminar cuestiones que ya han sido resueltas por las instancias judiciales competentes.
- Sustracción de materia y cosa juzgada: Se argumenta que, debido a que ya se han emitido decisiones sobre los mismos temas en el proceso penal, la acción de inconstitucionalidad carece de objeto y se encuentra en un estado de sustracción de materia. Además, se menciona la existencia de cosa juzgada constitucional, lo que impide que se reexamine un asunto que ya ha sido decidido.
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Además, se menciona que la demandante alega violaciones al principio de especialidad en la extradición de Ricardo Martinelli, pero la Procuraduría indica que este principio fue considerado y discutido en el proceso penal, y que Martinelli tuvo la oportunidad de impugnarlo a través de los mecanismos legales disponibles.
Por otra parte, la Procuraduría enfatiza que el control de constitucionalidad no debe ser una instancia adicional para revisar pruebas o decisiones ya tomadas en el ámbito penal. La acción de inconstitucionalidad debe centrarse en la integridad de la Constitución y no en la revisión de hechos o pruebas de un caso penal.
En conclusión, la Procuraduría recomienda a la Corte Suprema de Justicia que declare la demanda de inconstitucionalidad como no viable, argumentando que los planteamientos de la demandante no trascienden el ámbito del control constitucional y que existen vías legales adecuadas para abordar las inquietudes planteadas en el contexto del proceso penal.