Red de corrupción en Ministerio Interior de Guatemala lavaba dinero en Panamá
Una estructura de corrupción en el Ministerio de Gobernación (Interior) de Guatemala, desarticulada este martes, 23 de junio, canalizaba el dinero sustraído del presupuesto de la Policía Nacional Civil (PNC) a través de una sociedad creada en Panamá.
Así lo explicaron este 23 de junio de 2015, la Fiscal General, Thelma Aldana, el abogado colombiano Iván Velásquez, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y el viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, aunque ninguna de las autoridades detalló el nombre de la sociedad.
De acuerdo con las primeras indagaciones de una investigación que aún continúa abierta, los 12 arrestados por pertenecer a esta red, entre ellos altos exdirectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), están acusados de fraude, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, concusión, testaferrato, lavado de dinero y peculado.
Velásquez indicó que la investigación empezó tras un artículo publicado en la revista Contra Poder en el año 2014 y que a partir de ahí se consiguió establecer que el líder de esta estructura era el exsubdirector de apoyo logístico de la PNC, Héctor Florentino Rodríguez Heredia.
Junto a él fueron aprehendidos otros directivos de la PNC: el exjefe del departamento de material móvil, Dirk William Zea Muñoz, el exjefe del departamento de infraestructura, Otto Aníbal Escalante Miranda, y el exasesor legal, Juan Carlos Oliveros Bethancourt.
Además, fueron capturados los particulares, Elden Leonel Cabrera Chan, propietario de las empresas, su esposa Audrey Fabiola Gutiérrez Letona de Cabrera, Cleotilde Elvia Cabrera Chan, propietaria de una empresa contratista y hermana de Cabrera; Aura Yaneth Chic Alvarado y Fredy Arnoldo García Sical, también contratistas y empleados de Cabrera.
La lista la completan Bairon Regalado Ruiz, contratista, la hija de este, Gaby Francineth Regalado España, y Mario de Jesús Ovando López, actual jefe del Departamento de Material Móvil.
De las trece órdenes de captura que emitió el juzgado noveno de Primera Instancia Penal, solo queda por ejecutar una en contra del exasesor del departamento de material móvil Miguel Ángel Arana Paz.
En la verificación que realizaron los investigadores, establecieron que las direcciones de las empresas corresponden a locales que se encuentran desocupados y otras ni siquiera existen.
La Fiscal General afirmó que en la investigación preliminar se ha solicitado una verificación en Panamá, con el objeto de comprobar la constitución de una sociedad anónima en ese país.
El modus operandi consistía en sustraer dinero a la PNC y aparentar su inversión a través de mantenimiento de materiales que nunca se realizaban o que se facturaban tres veces; contrataciones falsas de obras y servicios a empresas que luego realizaban los propios agentes; o la adjudicación de un evento de cotización de repuestos para patrullas por más de 12 millones de quetzales adjudicado de forma fraudulenta.
Las investigaciones determinaron que para evitar publicar los concursos de licitación para la compra de bienes y prestación de servicios, entre 2012 y 2014 los exfuncionarios realizaron compras directas con empresas que fueron utilizadas para sustraer los fondos.
Además se emitían facturas que no sobrepasaran los 90.000 quetzales (casi 12.000 dólares).
A día de hoy, las investigaciones no permiten hacer más detenciones, pero durante los operativos se incautó material y documentos que permitirán ampliar esta investigación preliminar, dijo Velásquez cuestionado por si el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla pudiera estar involucrado.
Según las primeras estimaciones, el monto defraudado asciende a unos 56 millones de quetzales (más de 7 millones de dólares).
Los 37 allanamientos, coordinados por el MP, la PNC y la CICIG, se realizaron en varios departamentos del país por 150 agentes, 40 soldados y 45 patrullas, manifestó Sosa.
Esta es la tercera estructura criminal de gran envergadura que la CICIG y el MP desarticulan en poco más de dos meses.
El pasado 16 de mayo se descubrió una red criminal dedicada a la defraudación fiscal y aduanera que operaba en la Superintendencia de Administración Aduanera (SAT), conocida como la línea; y el 20 de mayo otra que operaba en el Seguro Social del país.