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Ciudad de Panamá, Panamá/El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, a través de la resolución N°18 del 16 de agosto de 2023, ha establecido lineamientos al momento en que los fiscales del Ministerio Público tengan que alcanzar acuerdos de pena con la defensa legal del imputado.
El documento publicado en Gaceta Oficial el 29 de agosto de 2023, detalla que el Ministerio Público a partir de la vigencia de la presente resolución "no celebrará ningún acuerdo de pena, pasada la audiencia de acusación ante el juez de garantías, por lo cual, los fiscales deben negociar el acuerdo con la defensa y de concretarse elaborar el documento respectivo antes de la celebración de dicha audiencia, siguiendo los protocolos establecidos para ello".
De lo anterior se establecen las siguientes excepciones previa autorización del procurador, Caraballo.
Estas son:
La resolución indica que los lineamientos para los acuerdos de pena que plantea el procurador Caraballo, comienza su aplicación a partir del 1 de diciembre de 2023.
En su artículo 220, establece que el Ministerio Público y el imputado pueden llegar a acuerdos a partir de la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentada la acusación.
"Realizado el acuerdo, el fiscal deberá presentarlo ante el Juez de Garantías, quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o banalidad" indica la norma procesal.
También se detalla en dicho artículo, que una vez aprobado el acuerdo de pena, el Juez de Garantías procederá a dictar la sentencia, y de ser condenado el imputado se impondrá la pena que no podrá ser mayor a la acordada ni podrá ser inferior a una tercera parte de la que le correspondería por el delito.
Según el último informe del Órgano Judicial con respecto al año 2022, los jueces de garantías atendieron 6,644 audiencias de acuerdo de pena, de estos 6,379 fueron validados . El año anterior los jueces de garantías realizaron 5,474 solicitudes de acuerdos de penal y aprobaron 5,240. En el documento no se detalla qué tipo de delitos trataba el acuerdo.