Presentan otra querella penal contra Harry Díaz
Una nueva querella penal contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz, fue presentada este miércoles, 27 de enero, en la Asamblea Nacional por la supuesta comisión del delito contra el honor de la persona y posible comisión de hechos constitutivos de lesiones a la Administración de Justicia (encubrimiento), la personalidad interna del Estado o en los que se haya incurrido en perjuicio de Ángel Álvarez, Miguel Antonio Bernal y demás afectados o víctimas.
La querella, suscrita por la firma forense Vega & Álvarez se dirigió al presidente de la Comisión de Credenciales, Jorge Iván Arrocha.
Los querellantes plasmaron en el documento que Díaz, el pasado 26 de octubre de 2014, a través de un diario de la localidad afirmó que recomendó el nombramiento del magistrado Hernán De León; que el caso del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, era tan solo la punta del iceberg y señaló que entre las malas prácticas de los magistrados, están "archivar expedientes y vender fallos".
Después de esta acción, señala la querella, no se registra la activación de denuncia o acción similar alguna por parte de Díaz, contra las presuntas acciones ilícitas de "archivo de expedientes y ventas de fallos", únicamente se advierte la petición del entonces magistrado presidente encargado, Harley Mitchell, quien en nota dirigida al entonces presidente de la Asamblea Nacional de diputados, remitió la publicación del diario, a fin de que la Asamblea Nacional determinara lo pertinente conforme a la Constitución y la ley.
También se hace alusión a la entrevista del 14 de enero de 2016, que se difundió en todo el país y que fue dada en el despacho de la Corte Suprema de Justicia, momento en que este mismo funcionario posiblemente se encontraba dentro del horario ordinario de trabajo con la posible afectación de una causa, confiada a su cargo en funciones del magistrado fiscal.
Otro de los fundamentos para presentar la querella fue que en la más reciente entrevista de Díaz, atribuyó al abogado Álvarez, la posible comisión de acciones desleales propias del tipo penal de prevaricato e intenta desacreditar o estigmatizar al mismo querellante, de forma pública y mal intencionada, no solo en directa afectación al bien jurídico protegido, referente al honor de la persona natural y el desempeño de su labor profesional; sino que además, podría pretender frustrar, detener, mermar, o desconocer los derechos de las víctimas que el mismo abogado representa dentro de las dos causas penales que se adelantan en jurisdicción de Panamá.
Por otro lado, se detallan las respuestas de Díaz a las interrogantes planteadas sobre los cuestionamientos y oposiciones procesales y públicas realizados por el abogado Álvarez, sobre determinadas actuaciones procesales desplegadas por el mismo magistrado en funciones de fiscal.
Se detalla que el mismo funcionario aprovecha para afirmar que las actuaciones de este señor que han sido prácticamente como si fuera un abogado más de la defensa de Ricardo Martinelli, atribuyéndole colusión, detrimento o afectación de los poderes que le han sido confiados por sus representados (víctimas) con el evidente ánimo de desacreditar o desprestigiar a la persona del abogado y no de razonar y enervar jurídicamente los planteamientos realizados por una parte en proceso, en relación a sus comportamientos procesal del fiscal y su interpretación de las reglas procesales.
También se mencionó que Díaz atribuyó de forma expresa y directa a Álvarez que tuvo el atrevimiento de decir que una copia que se sacó de la alerta azul había sido entregada por el jurista a los medios.
Álvarez señala que esos planteamientos son absolutamente falsos. De hecho asegura que son temerarios, infundados, personalizados y mal intencionados contra su persona.