Pleno de la Corte define fecha para discutir demandas de inconstitucionalidad contra contrato minero

Ciudad de Panamá, Panamá/La noche de este jueves 16 de noviembre el secretario general encargado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel José Calvo Castillo, anunció que tras una reunión celebrada entre todos los magistrados decidieron que el día 24 de noviembre se reunirán para discutir las denuncias de inconstitucionalidad presentadas contra el contrato minero.

“En sesión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia los magistrados acordaron que al vencerse los días 22 y 23 de noviembre la fase de alegatos en dos de las causas en trámite convocará para el día 24 a una reunión plenaria en sesión permanente para tomar una decisión en el menor tiempo posible”, destacó Calvo.

El Secretario General recordó que es un compromiso de la Corte Suprema de Justicia darle prioridad a la constitucionalidad o no de la ley 406.

“Hemos trabajado de forma permanente en el análisis constitucional convencional con la dedicación, seriedad y acuciosidad que las demandas plantadas requieren”, afirmó Calvo Castillo a través de un video que fue divulgado por el Departamento de Relaciones Públicas del Órgano Judicial.

Hasta la fecha se han presentado 10 demandas de inconstitucionalidad contra el contrato ley 406 que otorga una concesión minera a la empresa Minera Panamá S.A. El Pleno de la Corte se reunirá para discutir las dos primeras.

Estas dos demandas que analizará el Pleno el próximo 24 de noviembre ya recibieron la opinión del procurador de la Administrador, Rigoberto González y del Procurador de la Nación, Javier Caraballo y ambos señalaron que el contrato es inconstitucional.

Los ambientalistas, juristas y parte de la sociedad civil se mantienen vigilante y a la espera de que la Corte Suprema de Justicia emita el fallo sobre esta primera demanda, con la esperanza de que se declare ‘inconstitucional’ la Ley y por ende el contrato firmado entre Minera Panamá y el Estado.

Ellos han dicho que esta es la mejor vía para el país de derogar el contrato, en caso de que la empresa interponga demandas internacionales.

Mientras que, otros grupos que se mantienen haciendo cierres de calle, exigen una derogación inmediata de la Ley, paso que frenó la Asamblea Nacional por recomendación de los abogados.