Corte Suprema admite amparo en caso de desvíos de fondos de la descentralización

Ciudad de Panamá, Panamá/El Pleno de Corte Suprema de Justicia admitió un amparo de garantías que presentó el director de la Autoridad Nacional de Descentralización, Edward Mosley Ibarra, por la investigación relacionada al millonario desvíos de fondos de la descentralización hacia juntas comunales controladas por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La decisión de los magistrados revoca el inicio de la investigación sobre la descentralización paralela, la cual era llevada a cabo por el procurador de la Administración, Rigoberto González.

La decisión se tomó con tres salvamentos de votos y seis votos a favor.

Los magistrados que salvaron su voto en este caso fueron: Angela Russo de Cedeño. Olmedo Arrocha y Maribel Cornejo Batista.

Votaron a favor: Ariadne Maribel García, María Eugenia López, Carlos Alberto Vásquez, Cecilio Cedalise, María Cristina Chen Stanziola y Miriam Yadira Cheng Rosas. 

La información se dio a conocer tras la circulación del edicto no. 571 de este viernes 24 de mayo.

El edicto no. 571 del Pleno de la Corte “revoca la Resolución n°PA/DS-077-2023 del 18 de mayo de 2023, proferida por el procurador de la Administración”.

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¿Qué dice dicha resolución?

A raíz de una demanda presentada por el abogado Ernesto Cedeño, quien ahora es diputado electo de MOCA, para que se investigara la conducta oficial de los funcionarios de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría General de la República, quienes supuestamente dieron viabilidad a la desviación de fondos del programa de descentralización para fines contrarios.

La denuncia fue interpuesta el 16 de mayo de 2023, luego que una investigación periodística del diario La Prensa revelara que en los últimos años que, la AND traspasó pagos por más de $200 millones a más de 400 juntas comunales, la mayoría del PRD.

La resolución antes citada, emitida por el procurador González, acogía la denuncia presentada por Cedeño para investigar la presunta utilización de fondos de descentralización en “transgresión del Código de Ética de los servidores”.

Con ello se dio inicio a una serie de investigaciones y diligencias preliminares para determinar si hubo o no mal manejo de fondos.