La Gran Mentira
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Este miércoles 17 de junio, la defensa del expresidente Martinelli-integrada por diez abogados- asistió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una audiencia de control, en la que pidieron a los magistrados que se cumpla con lo aprobado en la audiencia anterior.
Es decir, que tanto la actual administración de la Contraloría como el Programa de Ayuda Nacional (PAN), rindan informes sobre el presunto sobreprecio en el contrato de comida deshidratada que se aprobó en el gobierno anterior, y por el que se investiga al exmandatario por los presuntos delitos contra la administración pública.
Estos contratos guardan relación con la compra de comida deshidratada por $45 millones que se otorgó a la empresa Lerkshore International Limited para distribuirla en las escuelas del país.
Durante la audiencia, que tuvo una duración aproximada de tres horas y un receso, el magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía revisó la documentación presentada por la defensa de Martinelli.
La defensa se quejó de que la actual administración del PAN no les ha entregado la información requerida, mientras que la Contraloría General sí lo hizo.
Los magistrados de la CSJ expresaron a los abogados de Martinelli que el PAN si bien está obligado a entregar la documentación que ellos requieren, pero deben entender que los procedimientos en cada entidad son diferentes.
Además, el magistrado Mejía planteó que "no entendía la petición de los abogados de Martinelli, porque el PAN no les está negando el acceso a la información".
En esta audiencia también se rechazó la solicitud de la defensa de Martinelli, quienes pidieron sancionar al actual director del PAN, Rafael Stanziola, por no entregar la documentación que ellos están pidiendo.
Al concluir la audiencia, Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, reiteró que la Contraloría sí cumplió con la entrega de documentos sobre la compra de comida deshidratada en el pasado gobierno, pero insistirán al PAN para que también les entreguen la información.