El precio de la libertad: 7 mil dólares por un fallo absolutorio

Funcionarios de los juzgados de circuito penal, notificadores y un oficial mayor del Segundo Tribunal hacían los contactos con abogados y familiares de los acusados de homicidio.

En ocasiones el enlace lo hacía Eduardo García, un exfuncionario del Segundo Tribunal que se movilizaba en un taxi.

Así iniciaba el trabajo ilícito de la supuesta red de corrupción que cobraba por fijar fechas de audiencia, manipular a los jurados de conciencia en casos de homicidio, conceder fianzas y medidas cautelares, estancar los expedientes y archivar los casos.

Como se sabe los casos de homicidio en Panamá, Colón, Darién y Guna Yala se tramitan en el Segundo Tribunal Superior. Y la secretaría de ese tribunal era el epicentro de toda la actividad ilícita.

Por un fallo absolutorio en una audiencia de homicidio cobraban hasta siete mil dólares, según la confesión de Blas Macre, uno de los implicados en este caso.

Parte de ese dinero se utilizaba para sobornar a los jurados de conciencia y el resto se lo repartían entre los miembros de esta red de corrupción.

La tarifa por adelantar una fecha de audiencia era de mil 500 dólares en adelante. Y por una fianza de excarcelación, medida cautelar o el sobreseimiento de un caso se cobraban de 4 mil dólares hacia arriba.

Todo esto comenzó a despertar sospechas por la gran cantidad de personas acusadas de homicidio, que luego eran absueltas por jurados de conciencia.

Entre los meses de enero a noviembre de 2015, las fiscalías de homicidio participaron en 101 juicios en los que fueron declarados inocentes 133 acusados y solo 3 personas fueron condenadas en el Segundo Tribunal.

Al igual que los fallos de la Corte Suprema de Justicia, las decisiones de los jurados de conciencia son definitivas e inapelables.

Ayú Prado pidió un seguimiento

Ante las sospechas de que algo indebido estaba pasando, el magistrado presidente de la Corte Suprema, José Ayú Prado, interpuso la denuncia el 24 de agosto de 2015, en la Fiscalía Auxiliar, que en ese momento era dirigida por su exsubalterno Marcelino Aguilar.

Ayú Prado le pidió al fiscal Aguilar una operación de vigilancia y seguimiento, y le recomendó a un mayor de la Policía Nacional para esa misión.

Y en efecto así sucedió. La red de corrupción continuó operando mientras la policía los seguía de manera encubierta para registrar cada paso que daban.

Para ello, se realizó la interceptación de los teléfonos celulares de los funcionarios y de García, acciones que fueron autorizadas judicialmente. Se grabaron llamadas de voz y conversaciones de texto, vía WhatsApp.

En esas comunicaciones, hablaban de precios, nombres, acusados y expedientes. También fijaban hora y lugares en donde se encontraban con abogados y parientes de los sindicados para recoger el dinero y luego hacer el trabajo.

Ha quedado demostrada la existencia de una red de corrupción a lo interno del Órgano Judicial, a través de un grupo de funcionarios, todos con una asignación particular dentro de la organización, las cuales eran realizadas cada cual acorde a las funciones inherentes a sus respectivos cargos, es decir quienes se dedicaban a la venta de fechas de audiencias, ventas de medidas cautelares y sentencias, y a la compra de jurados de conciencia”, Adela Cedeño, fiscal anticorrupción de descarga.

Hay pruebas en tres juicios de homicidio

Todo esto consta en la vista fiscal del pasado 15 de septiembre, en la que la Fiscal Anticorrupción Adela Cedeño, pidió el llamamiento a juicio de 29 personas y el sobreseimiento de otras 13 por delito de corrupción de servidores públicos.

En la investigación, los policías le dieron seguimiento físicamente a los funcionarios, antes y después de 3 audiencias de homicidio celebradas los días 7 y 22 de octubre, y el 9 de noviembre de 2015, donde los jurados de conciencia absolvieron a tres de cinco acusados de homicidio.

Todos estos detalles constan en la vista fiscal elaborada por la fiscal Cedeño.

La audiencia del 7 de octubre fue presidida por el magistrado Adolfo Mejía y absolvieron a José Manuel Checa, acusado de homicidio.

El juicio del 22 de octubre estuvo a cargo de la magistrada Georgina Tuñón y se declaró inocente a Mario Bellido y otros dos fueron hallados culpables.

Y el magistrado Wilfredo Sáenz presidió el juicio del 9 de noviembre, en donde se declaró inocente a Francisco Murillo.